Vacíos legales. Las leyes no son perfectas, y por mucho que lo intenten no cubren todos los supuestos que se pueden presentar en la realidad. Las personas muchas veces logran detectar los vacíos de las normas, actuando de manera contraria al espíritu de la ley pero sin que sea “ilegal”. Detectado el problema, la primera respuesta, instintiva, es modificar la ley, agregar nuevos supuestos, más prohibiciones o restricciones, eliminar figuras, etcétera.

Un reciente ejemplo de este hecho son los proyectos presentados por los congresistas Becerril y Rondón, quienes, en respuesta al mal uso que se ha hecho de la figura del arbitraje para facilitar acciones delictivas, buscan incorporarle un sinnúmero de restricciones (segunda instancia, colocar a la Contraloría como veedor obligatorio, etcétera).

Lamentablemente, esta respuesta instintiva, en la mayoría de los casos, no es la mejor solución. En el ejemplo mencionado, las restricciones planteadas simplemente desvirtuarían el arbitraje, eliminando, en la práctica, todos los beneficios de esta forma de resolución de conflictos.

La presidenta de la comisión que investiga el accionar de Martín Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, ha detectado varios vacíos legales que permitieron las irregularidades encontradas en este caso y por ello, junto con su informe final, ha anunciado que planteará una serie de proyectos de ley para corregirlos.

Sus propuestas buscan que se sancione penalmente a los responsables de los gobiernos locales y regionales cuando, ante la transferencia de cargos, se pierda algún contrato. Asimismo, se plantea que Reniec brinde información sobre las relaciones de parentesco de los que contraten con el Estado.

También se quiere dar mayores atribuciones a la Superintendencia de Banca y Seguros, frente a las cartas fianza otorgadas por cooperativas y a la Contraloría General de la República y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en su labor de prevenir irregularidades.
La intención puede ser buena. Sin embargo, se debe tener cuidado en que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad, pues por tratar de eliminar cualquier resquicio en la ley podemos complicar y encarecer la forma de contratar con el Estado.