MINERÍA. La situación de Tía María se viene agravando día con día. La violencia ha dejado un muerto más y nuevos heridos, y hasta el momento no se ha despejado la duda de si el proyecto podrá avanzar o no durante este Gobierno.
El Ejecutivo ha dicho que mantiene su interés en que este continúe, pero no cuenta con una estrategia clara para lograrlo. Así, a inicios de semana, condicionó retomar el diálogo al levantamiento de las medidas de fuerza, tal como lo sustentó el ministro de Agricultura. Ayer, sin embargo, él y algunos de sus colegas se sentaron a dialogar con los dirigentes antimineros, teniendo como intermediario a la Defensoría del Pueblo. Esto es una muestra de la falta de rumbo del Ejecutivo.
Es importante preguntar, por ejemplo, dónde está David Montoya, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo de la PCM. En consecuencia, la receta del Gobierno ha quedado reducida a enviar cada vez más policías a la zona. Esta falta de inteligencia para manejar la situación ha generado que el problema se extienda hasta Matarani. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. La misma situación se presentó en Tambo Grande (Piura), Cañariaco (Lambayeque), Santa Ana (Puno) y Conga (Cajamarca). La estrategia de aquellos que se oponen a la inversión minera ha sido siempre la misma: soliviantar a la población, generalmente con argumentos falsos. Lamentablemente, la estrategia del Gobierno también ha sido la misma. Los resultados ya los conocemos. El Ejecutivo no ha aprendido de las lecciones anteriores. No ha sabido cambiar de tácticas. Hoy la pregunta es ¿ha encontrado el Gobierno una nueva estrategia y tiene la capacidad de llevarla a cabo exitosamente? La realidad, hasta el momento, indica que no, al punto que un economista liberal, como Pablo Secada, cree que este proyecto debe ser visto por el próximo Gobierno. Si Tía María no logra ver la luz, nuevamente todos los peruanos nos veremos perjudicados al dejar de lado una inversión de US$ 1,400 millones, que solo para Arequipa implicaría ingresos por US$ 90 millones anuales. Consideramos que más importante que enfrascarse en la discusión sobre las facultades delegadas, es que el Gobierno trabaje en una estrategia que asegure la continuidad de Tía María. Esa sería la mejor señal para los inversionistas.
