AEROPUERTO DE CHINCHERO. El daño que el caso Odebrecht le ha hecho al país va más allá del tema económico: ha puesto en duda la labor que realizan las empresas privadas y el accionar de los funcionarios y los políticos. La población se está quedando con la percepción de que cada contrato firmado o cada decisión tomada tiene un arreglo por debajo de la mesa.

Para luchar contra esta percepción el actual Gobierno deberá trabajar con la mayor transparencia posible y la adenda que se quiere firmar para modificar el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero es su mejor oportunidad.

El Ejecutivo puso esta asociación público-privada (APP) en la lista de los proyectos de infraestructura por destrabar y si bien esta actitud es positiva debe tener cuidado en las formas y el fondo. En el caso de las formas es importante que, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Transportes cuelguen en su web la sustentación de su posición respecto a los cambios planteados, tal como ha hecho Ositran (incluso teniendo opiniones divididas que han llevado a la renuncia de la presidenta del organismo) para que todo el país pueda conocer las razones que los llevan a aceptar los cambios en el contrato.

En los temas de fondo es importante que, entre todas las consideraciones que se toman en cuenta, se piense en fortalecer la fi gura de las APP. Si por temor a ser demandados ante el Ciadi se termina asumiendo más del 80% del riesgo financiero, aun cuando eso pueda significar un ahorro para el país (lo cual no necesariamente es cierto), se desfigura a las APP, y estas podrán ser blanco de ataques políticos sobre la ineficacia de su uso. Si bien se trata de contratos que requieren revisión y un mayor cuidado en su elaboración, es imposible pensar en cerrar la brecha de infraestructura sin la colaboración de los privados.

Desde el inicio el proyecto del aeropuerto de Chinchero tuvo ciertos cuestionamientos y esta administración, que no firmó el contrato, tiene la oportunidad de mejorarlo, pero las condiciones que al parecer se piensan aprobar no son el mejor camino.

Apoyamos el objetivo de destrabar los grandes proyectos de inversión, pero así no. El tema político por una posible protesta en el Cusco ante los problemas del gasoducto del sur no debe ser usado para descuidar la institucionalidad del país y el futuro de otros proyectos. Creemos que ni los cusqueños ni sus autoridades desean que la obra llegue bajo esas condiciones.