SECTOR FORESTAL. El 28 de enero, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) publicó un comunicado en el que formula “algunas aclaraciones en relación a las informaciones y/o acciones que pretenderían desvirtuar la calidad de las intervenciones” de la entidad. Es que la salida de su presidente ejecutivo, Rolando Navarro Gómez, el 14 de enero, generó críticas y cuestionamientos.

Por ejemplo, el diario británico The Guardian le dedicó a la noticia un detallado informe en el que cita al congresista estadounidense Earl Blumenauer, quien señala que la remoción de Navarro ocurrió después de que industriales madereros protestaran por el mayor operativo contra la tala ilegal de madera efectuado por el Gobierno (en noviembre pasado), que tuvo carácter internacional, pues involucró a la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Además, durante su gestión, se descubrió que un gran número de embarques contenía madera ilegal.

La resolución que reemplaza al funcionario no sigue la fórmula convencional, pues “da por concluido el encargo” (no menciona una renuncia) y tampoco le agradece por los servicios prestados a la Nación, lo cual, ciertamente, despierta cuestionamientos. Quien debería responderlos es el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, pues Osinfor está adscrito a su despacho.

El Gobierno tendría que responder a las sospechas de Blumenauer dando a conocer qué acciones tiene planificadas para este año, ahora que cuenta con más herramientas, incluyendo de Decreto Legislativo 1220 –publicado en setiembre como parte del paquete para combatir el crimen organizado–. El congresista ha anunciado que él sí presionará para que su país endurezca su posición en torno a la protección de los bosques peruanos. Recordemos que esa obligación forma parte del TLC con Estados Unidos.

Una presión adicional provendrá de algunos socios del flamante Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), suscrito el jueves pasado, pues también incluye disposiciones de cumplimiento obligatorio para combatir el comercio ilícito de madera y fauna silvestre. Entre los doce miembros de este nuevo bloque figuran países con estrictas regulaciones sobre el tema como Estados Unidos, Canadá y Australia.