LÍMITES DISTRITALES. El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) ha emitido un informe –cuya conclusión no ha sido difundida– que busca poner fin a los problemas limítrofes que por años tienen San Isidro y Magdalena. Pero esta disputa no es la única que existe en Lima. Según la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), existen más de 40 casos de límites en la capital sin resolver, aunque solo en cuatro casos existen conflictos declarados.
La discrepancia entre Magdalena y San Isidro compromete a 42 manzanas; entre Surco y Chorrillos están en disputa 30 asentamientos humanos y las urbanizaciones de Villa, Los Cedros y la Encantada, mientras que Lurín y Pachacámac se pelean una zona agrícola potencialmente urbanizable, una zona de playa y especialmente el santuario de Pachacámac. Esos son los casos más graves. Les siguen los pasos los desacuerdos entre San Martín de Porres e Independencia, que reclaman por un área de 2.44 km que forma el parque industrial.
En sus argumentaciones, todos los implicados sustentan sus reclamos en argumentos históricos, el tiempo de posesión, el comportamiento de los vecinos u otras razones similares. Sin embargo, la verdad es que detrás de estos conflictos están, en primer lugar, el tema de ingresos, ya sea por el potencial inmobiliario de la zona o por su interés comercial y, en segundo lugar, los potenciales votantes.
Sin duda, no se trata de disputas de fácil resolución, el fin de todos estos desacuerdos implicará un desmedro económico para algunos de esos distritos, pues recibirán menos ingresos por tributación. Pero es indispensable terminar con estos problemas limítrofes que llevan años sin una solución.
Legalmente, estos conflictos deben ser vistos primero por el IMP, que emite un informe, y luego por la DNTDT, la cual prepara un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso. En teoría, todo este proceso no debería demorar más de un año, sin embargo, la falta de voluntad política para poner fin a todas estas disputas se ha hecho presente.
Si queremos lograr un adecuado desarrollo inmobiliario en el país es indispensable terminar con este tipo de problemas que solo generan incertidumbre.
