Editorial: Aló...Aló...¿Me escuchan?

“La propuesta de Osiptel, de instalar las antenas en los edificios gubernamentales más altos podría ayudar a la disminución de la brecha”.

Muy pocas personas quieren que se instale una antena en el techo de su casa y ninguna ley podría obligarlas a que lo hagan.
Muy pocas personas quieren que se instale una antena en el techo de su casa y ninguna ley podría obligarlas a que lo hagan.

ANTENAS. Muchas veces, hemos sufrido por no tener una buena señal en nuestro teléfono móvil. Esta situación se va agravando pues, según data de Osiptel, existe un déficit de 14,000 antenas, lo que impacta directamente en la calidad y desempeño de los servicios de Internet y telefonía móvil.

Mientras siga aumentando el número de usuarios sin que se resuelva la falta de infraestructura, peor será el servicio que recibiremos.

Para tratar de mejorar esta situación, este mes está previsto que se apruebe el reglamento de la ley que se dictó para agilizar la instalación de antenas de telefonía móvil en el país. La norma busca simplificar los trámites que realizan las empresas para obtener el permiso de instalación.

Sin embargo, además de la demora en los permisos que deben otorgar los municipios, otro inconveniente que tienen las empresas operadoras es encontrar un lugar para colocar dichas antenas.

Lamentablemente, los ciudadanos, en su gran mayoría, tienen una percepción negativa con relación a las antenas. Aun cuando, según informes de la Organización Mundial de la Salud, no existe evidencia de que las antenas produzcan cáncer, la verdad es que muy pocas personas quieren que se instale una antena en el techo de su casa y ninguna ley podría obligarlas a que lo hagan.

Ante esta situación de hecho, Osiptel ha propuesto modificar la Ley de Telecomunicaciones para que las empresas operadoras puedan solicitar a las entidades públicas la instalación de antenas en los edificios gubernamentales más altos del País.

Dado que las empresas operadoras pagan por los espacios donde colocan estas antenas, el Estado, al alquilar los techos de los edificios públicos, estaría realizando una actividad empresarial, algo que solo le está permitido si lo hace de manera subsidiaria, es decir donde no exista competencia.

Si la propuesta de Osiptel hace esta precisión, sin ser la solución perfecta, podría ayudar a la disminución de la brecha y a que empiecen a mejorar las comunicaciones. Así, los operadores ya no tendrían excusas para dejar de brindar un óptimo servicio.

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