Prioridades. Aún no existe un resultado formal de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, quien sea elegido presidente deberá, luego de conocida la noticia, concentrarse en armar las comisiones de transición para evitar, en lo posible, que el trabajo se detenga durante el cambio de mandato.

Asimismo, dado el largo proceso electoral, será importante que genere tranquilidad al país y a los inversionistas dando a conocer, lo más pronto que se pueda, los nombres de quienes conformarán su primer gabinete. Mientras más respeto y confianza generen los convocados, más fácil será ir buscando consensos. Por ello, deberá priorizar la capacidad y experiencia de las personas sobre la filiación política, e incluso debería buscar algunos técnicos en otras tiendas políticas.

Luego el trabajo del Gobierno deberá concentrarse en armar su plan para los primeros 100 días. La luna de miel con la población puede que no dure mucho y por eso su meta debe ser mostrar algunos resultados rápidamente.

La primera labor debe ser recuperar la velocidad de crecimiento. Todas las reformas destinadas a cumplir este objetivo deberían iniciarse en las primeras semanas. Además, deben revisarse los proyectos de inversión que están a mitad de camino, paralizados por razones burocráticas y destrabarlos, entre ellos Línea 2 del Metro, la ampliación del aeropuerto Jorge Chavez, proyecto Majes-Siguas II, etcétera. Y priorizar las obras públicas de calidad que aún no se hayan iniciado.

Asimismo, deberá evaluar las iniciativas del Gobierno actual y continuar con las mejores, como la reforma educativa, el proceso de diversificación productiva y los programas sociales (aunque en este caso muchos requieren de ajustes). En materia de seguridad ciudadana, deberá lograr un trabajo coordinado entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial para que la labor de los tres estamentos sea más efectiva y le dé la tranquilidad necesaria a la población.

En materia anticorrupción, será necesario dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de facultades y funciones fiscalizadoras y sancionadoras para los casos de infracciones a la regulación en lavado de activos asociados a la corrupción. Por otro lado, debe buscar un mecanismo eficiente para que el trabajo entre los gobernadores y el gobierno central sea lo más fluido posible y así tratar de evitar, en lo posible, los conflictos sociales.

En un país con tanto por hacer, el trabajo real será dar la prioridad necesaria a cada tema.