ACTUALIZACIÓN TARDÍA. Por si hacía falta alguna confirmación adicional sobre el peso de la minería en la economía peruana, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se encargó de hacerla. El cambio del año base para el cálculo del PBI, del lejano 1994 hasta el menos lejano 2007, eleva la participación del sector extractivo de 13% a 21.1%, y dentro de él, la minería representa el 57% de la ponderación –hace veinte años no llegaba a la tercera parte.

La novedad se debe a que en las últimas dos décadas la estructura productiva del país se ha modificado drásticamente y gracias a las políticas de promoción de inversiones implementadas por los gobiernos anteriores –en minería e hidrocarburos, al inicio y, posteriormente, en agricultura para exportación–, estas actividades ganaron relevancia por el lado de la oferta, lo cual encuentra su réplica por el lado del gasto, pues las exportaciones representan ahora el 31.5% del PBI (frente al 12.8% de 1994). No es necesario recordar cuánto del valor exportado por el Perú corresponde a minerales.

Es importante destacar que con el mayor peso que ha adquirido la minería, habrá que tener en cuenta que cualquier variación en este sector tendrá un mayor impacto sobre el PBI –como ya está sucediendo con la recaudación tributaria–. Por lo tanto, el Gobierno tendrá que ser más proactivo en su política minera, que no debería desviarse del objetivo de atraer más inversiones. En ese sentido, serán de muy poca ayuda las declaraciones oficiales que buscan minimizar la importancia de esta actividad.

El INEI ha mantenido en 21.6% la ponderación del sector transformación, conformado por manufactura y construcción, lo que refleja que ambas actividades han estado evolucionando sostenidamente a pesar del protagonismo de los metales. Esto es positivo, aunque sería interesante conocer qué hará el Gobierno para que ese ritmo no se pierda, más allá de los discursos y los anuncios de planes y programas que no suelen ponerse en marcha con el ímpetu requerido. ¿Es adecuado el cambio? Los analistas sostienen que sí, pero advierten que el año base debe actualizarse cada cinco o seis años, como se hace, por ejemplo, en Chile y Colombia. Habrá que ponerse al día más seguido.