La mayoría de analistas señalaban hace pocas semanas que el verdadero motivo por el que Theresa May convocó elecciones anticipadas en el Reino Unido era el de reforzar su mayoría frente al ala más dura de su partido. Con ello, podría aceptar condiciones más “blandas” en un eventual acuerdo de Brexit.

El resultado de las elecciones no ha sido precisamente un éxito para la primera ministra, ya que los conservadores no sólo han empeorado los resultados respecto a las anteriores elecciones, sino que han perdido la mayoría absoluta y May se ha debilitado frente a su partido. Sin embargo, los resultados no han inclinado la balanza de poder hacia los conservadores partidarios de la salida “dura”, sino hacia una oposición que defiende un status quo final más próximo a la Unión Europea (UE).

Esta semana se han multiplicado los pronunciamientos y los rumores en esa dirección. Los antiguos líderes conservadores John Major y David Cameron han aconsejado negociar los términos del Brexit con la oposición. Se habla de negociaciones de otro antiguo líder tory, William Hague, con los laboristas para consensuar una posición común. Se esperaba un discurso de Philip Hammond, ministro de finanzas relativamente marginado en el gobierno y en la campaña electoral, advirtiendo sobre los riesgos de una salida a las bravas de la UE. La postura sobre el brexit de la nueva oposición laborista, reforzada tras las elecciones, nunca ha sido muy estable, pero actualmente se acerca a defender una unión aduanera.

En la negociación con la UE, que comienza hoy, la secuencia de los temas (primero los términos de salida, luego el nuevo acuerdo), que se veía con recelo por el lado británico, puede ser ahora una ventaja, ya que da cierto tiempo al gobierno británico para redefinir su posición en dos temas clave: por un lado, el tipo de acuerdo comercial que quiere negociar, y que es la clave de cara a las relaciones a largo plazo con la UE, y por otro, la conveniencia o no de firmar un acuerdo provisional de permanencia en el mercado único durante un período transitorio. Es una oportunidad para corregir la deriva hacia el Brexit duro que se ha hecho hasta ahora.

En esa primera fase se van a determinar, sobre todo, la “factura” del Brexit (hasta 100 mil millones de euros, según la propuesta europea) y los derechos de los tres millones de residentes europeos en el Reino Unido. Las fuentes británicas hablan de una “propuesta generosa” en este segundo tema, pero todo lo que no sea mantener los derechos sociales de esos ciudadanos no será fácilmente aceptado por el lado europeo. Lo más probable es que las negociaciones de esta primera fase se aceleren tras el verano (y tras las elecciones alemanas) y se puedan concluir, al menos en sus líneas generales, a final de año.

En cuanto a la segunda fase, la posición británica hasta ahora se ha centrado en ignorar los riesgos de acuerdo “duro”, en parte con la excusa de que el Brexit no ha tenido efectos en la economía desde el referéndum. Pero evidentemente todos los cálculos que se hicieron en su momento hablaban de un impacto considerable sobre el PIB a largo plazo, una vez se materializase la salida, y no en el corto. Y, por otro lado, los indicadores más recientes están siendo débiles, y podrían estar ya reflejando un mejor empuje inversor ante la incertidumbre y el efecto de la depreciación experimentada hasta ahora sobre las rentas y el gasto. Más de esto cabe esperar como resultado de las elecciones si no se define una línea clara hacia un Brexit blando.

En medio de esta complejidad, no hay que olvidar la postura europea. Esta semana, Michel Barnier, que dirige las negociaciones por el lado de la UE, hacía unas declaraciones muy difundidas en las que daba mensajes sin apenas contenido (hay que darse prisa, no está clara la diferencia entre Brexit duro y blando), lo que refleja muy bien la posición relativamente cómoda de la delegación europea, hasta ahora unánime, que liga claramente las ventajas comerciales a la libertad de movimientos de personas. Veremos si esa unanimidad se mantiene en los meses a venir.

Por Miguel Jiménez
BBVA Research