Por Enestor Dos Santos
Economista principal de la Unidad de Economías Emergentes de BBVA Research, y
Juan Ruiz
Economista jefe de América del Sur de BBVA Research

El fin de semana pasado más de un millón de personas ocuparon las calles de las principales ciudades brasileñas para protestar contra la presidenta Dilma Rousseff, menos de tres meses después de iniciar su segundo mandato.

A pesar de la crisis en Petrobras y de otros elementos de naturaleza política, la situación económica es probablemente el principal factor detrás de este descontento popular.

Tras aumentar con fuerza en los últimos meses, la inflación se ha aproximado al 8% -el nivel más alto en los últimos diez años- erosionando el poder de compra de los consumidores.

No es casualidad que el aumento de la insatisfacción popular coincida con este fuerte repunte de los precios internos. Suele haber una relación estrecha en Brasil entre los periodos en los cuales la inflación aumenta y aquellos en los que baja la popularidad de los gobiernos.

En junio del 2013, por ejemplo, la inflación alcanzó un pico de 6,7% a la vez que la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, entonces en su primer mandato, disminuyó fuertemente y se produjeron las protestas contra el Gobierno.

Hay que recordar que actualmente las presiones sobre la inflación provienen, en gran parte, de la necesaria corrección en marcha de los precios de los productos y servicios regulados por el sector público, como la gasolina, las tarifas eléctricas y el transporte público.

El Gobierno también está llevando a cabo un impostergable ajuste fiscal, para frenar el deterioro de las cuentas públicas observado en los últimos años y evitar la pérdida del grado de inversión de la deuda soberana.

Pero, por supuesto, este necesario ajuste tiene un impacto negativo sobre las finanzas de los hogares. Por un lado, el Gobierno está recortando gastos, incluyendo los recursos disponibles para programas sociales y transferencias a las familias. Por otro lado, los impuestos, como los que inciden sobre algunos productos manufacturados y los combustibles, han sido ajustados al alza al inicio del año.

Asimismo, el endurecimiento del tono de la política monetaria adoptado por el banco central para intentar anclar las expectativas de inflación y el aumento del impuesto sobre los préstamos a los consumidores han contribuido a moderar la expansión del crédito.

Esta moderación del crédito también era necesaria para salvaguardar la estabilidad financiera, después de muchos años de rápida expansión. Pero el ajuste también dificultará a las familias financiar sus gastos en un entorno en que su endeudamiento se duplicó en los últimos 8 años, hasta representar 46% de sus ingresos.

Además, a pesar de que la tasa de paro sigue baja -alrededor de 5%- anticipamos que irá en aumento en la medida que la economía siga creando menos empleos. También el ritmo de crecimiento de los salarios reales se está moderando, creando una situación menos favorable para los ingresos de los hogares.

En definitiva, los brasileños ya sienten en estos momentos el impacto negativo de una inflación elevada, el aumento de impuestos, la reducción de las transferencias del sector público, la moderación del crédito, la desaceleración del mercado laboral y la depreciación del tipo de cambio (22% en lo que va del año). Temen además verse afectados por un posible racionamiento de electricidad dada la escasez de agua que afecta a una parte importante del país.

En este entorno, no es difícil entender que los indicadores de confianza de los consumidores hayan caído hasta niveles no observados en más de diez años ni tampoco comprender por qué los brasileños salieron a la calle el fin de semana pasado.

Con todo, resultará imprescindible que el gobierno se mantenga firme en el camino del ajuste fiscal y monetario iniciado hace unos meses, lo que permitirá reabsorber los desequilibrios económicos gestados en los últimos años y asegurar un crecimiento positivo en Brasil ya desde el próximo año 2016.