Por María Victoria Santillana, economista de BBVA Research.
El sistema de supervisión financiero europeo está experimentando cambios significativos, derivados de los dos grandes proyectos europeos en curso -la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales -, y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea a raíz del Brexit.

Ante este nuevo escenario y con objeto de anticiparse a los nuevos y rápidos desarrollos de los mercados financieros, la Comisión Europea ha publicado sus proyectos de Reglamentos para reforzar y mejorar el conjunto del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación de la supervisión en Europa.

La propuesta de la Comisión no es nueva, ya que recoge los mensajes del Informe de los Cinco Presidentes y del Documento de Reflexión sobre la Unión Económica y Monetaria. Además, estos proyectos fueron anunciados en la revisión del plan de trabajo sobre la Unión del Mercado de Capitales del pasado mes de junio, y se basan en consultas públicas y análisis de impacto previos.

Las enmiendas van dirigidas a revisar el funcionamiento de las nuevas autoridades surgidas en 2010, en el ámbito de la supervisión microprudencial y macroprudencial, como respuesta a la crisis financiera. En el campo microprudencial, Europa cuenta con tres autoridades de supervisión separadas en función del sector: banca (EBA), valores y mercados (ESMA) y seguros y pensiones (EIOPA).

La Comisión propone agilizar la gobernanza interna de estas tres agencias dotándolas de nuevas juntas ejecutivas con miembros permanentes como ya tiene el BCE. Se amplían y refuerzan sus fuentes de financiación, con el objetivo de que estas agencias tengan presupuestos y recursos equitativos a sus tareas, estableciendo contribuciones proporcionales a cargo de la industria y otros participantes del mercado, que complementen la financiación de las agencias que procede del presupuesto europeo.

Además, y fruto de la necesidad de contar con herramientas de convergencia en la supervisión que aseguren un enfoque de consistencia en la UE frente a terceros países, la Comisión propone ampliar las competencias de la ESMA, dotándola de auténticos poderes de supervisión directa en sectores del mercado de capitales comunitarios específicos, como los índices de referencia críticos (Euribor o Eonia), los folletos de emisión o en materia de autorizaciones a determinados vehículos de inversión colectiva comunitarios. Además propone completar las funciones de esta agencia con labores de coordinación de los servicios de reporte de datos, y aspectos relacionados con abuso de mercado.

Todas ellas son medidas tendentes a configurar un supervisor único del mercado de capitales.

En lo que respecta a la autoridad macroprudencial, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) encargada de prevenir y mitigar los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera, las propuestas de la Comisión persiguen el mismo objetivo: incrementar la eficiencia del ESRB y aumentar su coordinación con las restantes agencias europeas, proponiendo para ello mejoras en su gobernanza, y sometiendo su regulación a consulta de los participantes en el mercado.

Cabe destacar, por último, el impulso por parte de la Comisión de las prácticas de supervisión en las tecnologías financieras (FinTech) y en materia de finanzas sostenibles, en línea con la Agenda Europea 2030.

No cabe duda de que, de implementarse, estas propuestas promoverán una mayor integración del mercado de capitales europeo y una mayor eficacia en la gestión del sector financiero, a la vez que provocarán cambios en las relaciones de supervisión con los países no miembros de la UE.

No obstante, a fecha de hoy se trata de propuestas de la Comisión para las que se inicia ahora un arduo proceso legislativo en las instituciones comunitarias, que se prevé dará lugar a intensos debates tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Se afrontarán cuestiones complejas (como la cesión de competencias a los supervisores supranacionales o las contribuciones que realizará el sector privado) que pueden llevar a largas negociaciones.

Probablemente por este motivo la Comisión ha instado a las instituciones políticas comunitarias a que traten estas propuestas con carácter prioritario, de cara a que se completen en 2019, coincidiendo con la finalización de los proyectos legislativos en curso en materia de Unión Bancaria y Unión del Mercado de Capitales, para conseguir una Unión Económica y Monetaria más fuerte e integrada.