Toda política económica tiene consecuencias deseadas y no deseadas. La significativa subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2017 apenas tendrá impacto en el empleo y en la actividad. Por lo tanto, en principio, la medida será exitosa en conseguir uno de los objetivos que previsiblemente se persiguen: mejorar los ingresos de aquellos trabajadores cuyos salarios se encuentran ligados al SMI. Sin embargo, también tendrá consecuencias no deseadas. Entre estas se encontrará una reducción en la demanda de trabajo poco cualificado, que puede afectar a colectivos, sectores y regiones especialmente vulnerables. Más aún, si los aumentos salariales por encima de la productividad se generalizan al resto de la economía, la creación de empleo puede ralentizarse.
Hay varias razones teóricas para suponer que el impacto del aumento en el SMI puede no tener consecuencias significativas en el empleo agregado. Sin entrar en detalle en todas ellas, en el caso español hay que destacar la reducida participación de los costes relacionados con el salario mínimo en el total de la nómina de las empresas. En particular, el salario mínimo como proporción del ingreso promedio fue de los más bajos de la Unión Europea en 2016 (apenas alrededor del 35%). Además, tan sólo el 1,2% de los asalariados no agrícolas se encontraba cubierto por el salario mínimo, mientras que el peso de estos trabajadores en la masa salarial apenas alcanzó el 0,3% del total. El incremento del SMI no hará que estos porcentajes varíen significativamente, ya que, por ejemplo, en el caso de los dos últimos aumentarían sólo al 2,3% y al 0,7% respectivamente, asumiendo que el nivel de empleo no cambia. Por lo tanto, se espera que el efecto sobre el empleo y la actividad de esta política sea insignificante en 2017.
En todo caso, esta afirmación tiene matices. Por ejemplo, hay personas cuyas características las hacen más propensas a tener un contrato ligado al SMI. Por lo tanto, la creación de empleo puede verse negativamente afectada para estos colectivos. En particular, cada uno de los siguientes factores eleva la probabilidad de que un asalariado esté cubierto por el SMI: ser mujer, no poseer una titulación universitaria, tener un contrato temporal, a tiempo parcial y con poca antigüedad en la empresa. Por otro lado, ciertas particularidades de las empresas las hacen más propensas al uso del SMI como referencia para la contratación. Entre estas se pueden mencionar la localización (mucho mayor incidencia en Canarias), el sector de actividad (transporte, actividades profesionales y artísticas, educación), la dimensión e internacionalización de la empresa (cuanto más grande y más orientada a la demanda externa, menor es la probabilidad condicionada de la persona de ingresar el SMI), y si el asalariado no está afectado por un convenio colectivo.
Aparte de lo anterior, otro matiz a tomar en cuenta sobre el posible impacto del aumento del SMI sobre el empleo es su traspaso hacia el resto de los salarios. En estos momentos, la productividad del empleo crece alrededor de un 0.4% anual. El aumento de las remuneraciones reales debería de ser relativamente similar si se quiere mantener la creación de puestos de trabajo como prioridad. Para lo anterior, es necesario recordar que hasta el momento, el reciente incremento en la inflación no proviene de un aumento extraordinario de los márgenes de las empresas, sino principalmente del encarecimiento del petróleo, un bien importado. Medidas alternativas de inflación, como la subyacente (sin componentes volátiles como el combustible), o el deflactor del PIB (que mide los precios de los bienes producidos a nivel doméstico) apuntan a variaciones de precios más moderadas, entre el 1% y 1.5%. Así, la creación de empleo puede verse afectada negativamente tanto si las empresas deciden traspasar buena parte del aumento en los costes energéticos al consumidor para mantener sus márgenes (restringiendo el crecimiento del gasto de las familias), como si las demandas salariales son inconsistentes con la creación de empleo ignorando que hasta el momento los beneficiarios de la mayor inflación operan en el extranjero.
Por Miguel Cardoso
BBVA Research de España