La Comisión Europea ha presentado esta semana un nuevo paquete legislativo dirigido a conseguir bancos más fuertes, con mayor resistencia a los shocks, y que continúen apoyando el crecimiento de la economía.
Este conjunto de reformas bancarias no supone un cambio de rumbo respecto al camino regulatorio adoptado tras la crisis de 2007. Al contrario, supone meter el acelerador en la reforma para completarla con los últimos acuerdos internacionales. Adicionalmente, también se aprovecha para incorporar mejoras técnicas y revisar algunas normas que estaban provocando efectos indeseados y que previamente habían sido identificadas por la Comisión.
Se trata de una reforma importante, ya que revisa el marco prudencial y el de gestión de crisis bancarias con propuestas que reducen aún más los riesgos de los bancos. Es al mismo tiempo un elemento que entronca con la unión bancaria, por la vía de la reducción de riesgos. Sin embargo, está por ver si es suficiente para los Estados Miembros más reticentes a seguir avanzando hacia un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo.
Las principales novedades del marco prudencial se refieren a la incorporación en la legislación europea de los elementos regulatorios acordados por el Comité de Basilea en los últimos años. Cuestiones, en su mayoría, sólo apuntadas en el Acuerdo de Basilea III en 2010, pero que han tenido que ser detalladas y desarrolladas técnicamente con posterioridad. Por ejemplo, los detalles de un ratio de apalancamiento obligatorio, el ratio de liquidez de largo plazo o un cálculo más sensible al riesgo de mercado de la cartera de negociación o de la exposición al riesgo de contrapartida o a cámaras centrales de contrapartida.. Asimismo, se introduce el riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria. Por otro lado, se da cabida a una aplicación proporcional de la regulación para entidades pequeñas (fundamentalmente referida a reporting, remuneraciones y a algunas medidas de cálculo de los riesgos) y se minora el consumo de capital de los préstamos a PYMES.
Los grupos bancarios extranjeros, con fuerte presencia en Europa, deberán crear una holding intermedia en la UE, sometida a su supervisión y reglas. Exigencia similar a la realizada por EE.UU. a la banca extranjera en su territorio y que pasará a ser de aplicación a los bancos ingleses cuando se materialice el brexit. Esto supone un mayor control de las autoridades europeas de la actividad y solvencia de las entidades dentro de sus fronteras, pero también puede suponer una tendencia hacia la nacionalización de los mercados.
Por último, se da cobertura legal al marco de Pilar 2, lo que resulta muy positivo porque aporta claridad al mercado. Es de esperar que contribuya a reactivar las emisiones de determinados instrumentos. Sin embargo, la Comisión no ha introducido una de las cuestiones más reclamadas por la industria: que un incumplimiento del requerimiento de absorción de pérdidas no active las limitaciones al capital que el banco puede distribuir.
En cuanto a la revisión del marco de resolución, se introduce el requerimiento de absorción de pérdidas (TLAC en inglés) para entidades de importancia sistémica y se clarifica que el diseño final de dicho requerimiento para el resto de entidades europeas (MREL en inglés), que se determinará caso a caso.
En paralelo, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa para armonizar la jerarquía de acreedores en Europa, basada en el enfoque francés. Así, se crea una nueva clase de deuda senior, sin preferencia, que será la única elegible a efectos de MREL y deberá estar subordinada a la deuda senior tradicional. Cuestión de enorme importancia para inversores y emisores, que deben empezar a planificar las emisiones a realizar para cumplir con los nuevos requerimientos. La armonización del orden de prelación contribuirá positivamente a paliar la incertidumbre regulatoria que existía con los distintos enfoques nacionales.
Con esta reforma los bancos tendrán que tener más y mejor capital, reforzando así la resistencia y estabilidad financiera del conjunto. Resultarán más fuertes si al mismo tiempo se garantiza una estabilidad regulatoria, evitando nuevos incrementos significativos en el capital, como los que están en juego en las discusiones de la semana que viene para finalizar Basilea III.
