Editorial de Gestión: Aún hay mucha sed

Este modelo de “háganlo como puedan” no le hace bien al país, pues estamos hablando de megaproyectos.

Todo indica que esta apuesta rendirá frutos
Todo indica que esta apuesta rendirá frutos

Lección por aprender. El Gobierno Regional de Lambayeque acertó cuando en el 2003 le encargó a ProInversión el proceso de concesión del proyecto de irrigación Olmos. Más allá de las obras, entre las que destaca la construcción de un túnel de 20 km para el desvío (transvase) de aguas de la cuenca del Atlántico, el esquema adoptado por esta agencia –que está adscrita al Gobierno Nacional–, descansa en la iniciativa privada y en el cobro de tarifas que los concesionarios recibirán por el uso de la infraestructura.

En el caso del túnel, la concesión será por 20 años, de 25 años para la administración de los canales de irrigación y perpetua para la central hidroeléctrica, en tanto que las tierras serán subastadas y sus propietarios asumirán el riesgo que supone cualquier emprendimiento en tierras que cuentan con infraestructura moderna y disponibilidad de agua.

Todo indica que esta apuesta rendirá frutos y lo mismo podría anticiparse de otros dos proyectos de irrigación, Majes-Siguas II y Chavimochic III, que los gobiernos regionales de Arequipa y La Libertad, respectivamente, también confiaron a ProInversión. Lo preocupante es que en el sitio en Internet de esta agencia ya no figuran más proyectos de ese tipo pendientes de entregar en concesión, aunque sí existen otros.

¿Quién los maneja? Pues los propios gobiernos regionales. Es el caso de Pasto Grande (Moquegua) y Chinecas (Áncash). Del primero hay noticias sobre obras de transvase, pero del segundo no se conoce mucho. Tampoco hay información actualizada sobre otros proyectos como Puyango-Tumbes y Alto Piura, aunque el premio mayor se lo llevan Lima, Ica y Tacna, en los que si alguna vez hubo iniciativas, llevan décadas encarpetadas.

Este modelo de “háganlo como puedan” no le hace bien al país, pues estamos hablando de megaproyectos de impacto a nivel nacional. No todos los gobiernos regionales están en condiciones de promover la inversión privada en obras de infraestructura tan grandes y especializadas. El Gobierno Nacional tiene la obligación de encontrar la solución más eficiente y el caso de Olmos es una muestra de que esa solución existe.

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