El paro, apoyado por el gobernador regional, tuvo por objetivo único derogar las normas que combaten y enfrentan a la minería y la tala ilegales en la región. No mejorarlas, ajustarlas o explicarlas, sino desaparecerlas para que se deje de perseguir y sancionar al ilegal, para que se le deje operar.

Al gobernador se suman congresistas que han presentado proyectos de ley para derogar las normas que enfrentan la ilegalidad en la región. El congresista Romero, por ejemplo, sostiene que la norma que persigue la tala ilegal no es legal porque debió pasar por el proceso de consulta previa.

Es decir, supone que la tala ilegal podría constituirse en un derecho ganado por pobladores que debieron ser consultados por la medida. De otro lado, el congresista Tubino pide derogar la misma norma bajo el argumento de que perjudica a pequeños agricultores.

Claro, la norma ataca y combate a aquellos que optaron por la ilegalidad, pero quienes optan por las vías legales tienen varios instrumentos y opciones a su disposición. A ellos no les afecta la norma.

Alarma que autoridades elegidas para gobernar de acuerdo a ley e impulsar el desarrollo de todos, opten por defender una ilegalidad que vulnera los derechos legítimamente otorgados a otros: la minería ilegal invade la propiedad de comunidades y familias, concesiones de empresarios y reforestadores, áreas naturales protegidas de todos los peruanos. La tala ilegal compite de manera desleal con aquellos que aprovechan la madera en el marco de la ley.

Las normas cuestionadas por los huelguistas versan sobre control de combustibles (competencia del sector Energía y Minas y la Sunat), sobre interdicciones (donde son responsables la Fiscalía y el Ministerio del Interior), sobre tala ilegal (ámbito del Ministerio de Agricultura y el Serfor) y la consulta previa compete al Ministerio de Cultura.

Todas estas autoridades han dicho muy poco a la fecha sobre lo que viene pasando y es su obligación hacerlo.

El Gobierno central ha creado una “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Región Madre de Dios”. El Poder Ejecutivo no debe dar su brazo a torcer y debe reforzar la defensa de la legalidad. Los gobiernos regionales, así como el Congreso, deben ser aliados clave.

Madre de Dios merece desarrollo sostenible y sus habitantes calidad de vida adecuada; pero será muy difícil lograrlo consolidando mafias y desalentando la formalidad, castigando y amedrentando al legal y premiando al ilegal.

El asesinato de Alfredo Vracko, líder local que defendió su concesión forestal ante la invasión de mineros ilegales es una muestra de la terrible situación que vive hoy Madre de Dios.

Bienvenidas las discusiones sobre visiones de desarrollo, uso del territorio y de los recursos naturales. Bienvenidas las posiciones extractivistas, conservacionistas, económicas, sociales, filosóficas y antropológicas.

Pero todo ello en el marco de la legalidad, del respeto a la vida y los derechos de las personas, de la institucionalidad que necesitamos para avanzar como sociedad.

Por Pedro Solano
Director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)