Las pequeñas empresas contarán pronto con una modalidad de financiamiento en el mercado de capitales, que les permitirá obtener grandes montos a través de la emisión de bonos corporativos.

La oferta privada de estos títulos –mucho más flexible que la oferta pública, la única posible hoy– les permitirá financiar sus proyectos de largo plazo sin necesidad de abrir sus números a todo el mercado.

“Las empresas pequeñas irán por emisiones que van desde el medio millón de dólares hasta los US$ 20 millones –afirmó Melvin Escudero, CEO del Dorado Investments y director de la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Este es un rango de difícil acceso en la actualidad por los costos de transacción, pero que en un mercado de oferta privada si le puede interesar a varios inversionistas institucionales”.

A través de dicho mercado –explicó Escudero–, la empresa emisora escogería a sus potenciales compradores de bonos y solo a ellos les permitiría acceder a sus estados financieros. ¿Entre quiénes escogería? Básicamente, entre los inversionistas institucionales: AFP, aseguradoras y fondos mutuos, quienes son “los grandes compradores de bonos”.

“Para las pequeñas empresas será como ir al banco, pero en lugar de tener al frente a una entidad financiera, tendrá a un grupo de inversionistas institucionales, a quienes deberá ofrecerle un producto bajo ciertos estándares de emisión”, dijo el experto. En el Perú –dado el crecimiento económico, la naturaleza incipiente del mercado y la alta demanda de bonos–, “hay un enorme espacio de crecimiento”.

Mecanismo importado
La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) viene siendo asesorada por el Banco Mundial para poner en marcha este nuevo mecanismo. En Estados Unidos, Europa y Asia –explicó Escudero– funciona desde hace más de veinte años y, en Brasil, donde es aplicado desde la década pasada, “ha dinamizado el mercado, sin que este pierda transparencia ni se deje de garantizar la información adecuada”.

¿Qué hace falta? Adaptar la estructura del mercado de capitales y a ello se está abocando la SMV con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Las principales ventajas para las empresas emisoras, naturalmente, serán el acceso a menores tasas de financiamiento y a plazos más amplios –de 5, 10 o 20 años–, lo que les permitirá pagar sus proyectos de ampliación o infraestructura sin apremio.