Bloomberg.- Más de 900,000 hogares se quedaron sin luz en Texas el verano pasado debido a facturas impagas, casi el triple que 10 años atrás. En California, el año pasado, fueron 714,000, el nivel más alto registrado hasta el momento. El cálculo para el país asciende a millones, una señal del estrés económico que persiste después de la Gran Recesión.

Las empresas de servicios eléctricos están desconectando más casas en tanto el presidente Donald Trump se dispuso a poner fin a la ayuda federal destinada a las facturas de luz de los estadounidenses más pobres.

El Congreso votó a favor de restaurar el financiamiento, pero la administración todavía no ha dado el dinero.

“Es un indicador de una economía que todavía no ha terminado de recuperarse”, dijo Katrina Metzler, directora ejecutiva de la National Energy and Utility Affordability Coalition en Washington.

“El desempleo sigue siendo algo habitual y muchas familias viven al día”.

La electricidad no se niega a la mayoría de los clientes durante mucho tiempo. En general, las compañías de servicios elaboran planes de pago o ayudan a los clientes a obtener ayuda financiera en un plazo de días. Entre el 10% y 15% de los que son desconectados no vuelven a ser conectados, según la Utility Reform Network, una agrupación de defensa de los consumidores con sede en San Francisco también conocida como TURN.

Si bien la tasa de desempleo estadounidense cayó el mes pasado a un mínimo en 16 años de 4.2% -en comparación con el 10% en 2009- muchos estadounidenses enfrentan dificultades. 44% de los adultos dijeron a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal el año pasado que no podían cubrir un gasto sorpresivo de US$ 400 o que tendrían que vender algo o pedir prestado para reunir ese dinero.

El presupuesto para el año fiscal 2018 de la administración Trump eliminó el Programa de Asistencia para Energía para Hogares de Bajos Recursos, o LIHEAP, porque “ya no es una necesidad” y está sujeto a fraude.

Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto estadounidense, declaró ante el Congreso en el mes de mayo que 11,000 personas muertas eran utilizadas como solicitantes para recibir el beneficio de LIHEAP, una estadística mencionada en un reporte de la Oficina General de Contabilidad (GAO) en 2010.

Aproximadamente 2.9 millones de hogares fueron desconectados por falta de pago el año pasado en los 18 estados monitoreados por TURN, la agrupación de San Francisco.

“La cámara baja y el Senado rechazaron prácticamente todo el presupuesto de Salud y Servicios Humanos de la administración”, dijo Mark Wolfe, director ejecutivo de la National Energy Assistance Directors’ Association con sede en Washington. “Pero esta es la primera administración que tenemos en mucho tiempo que ha dicho ‘no consideramos que este programa deba existir’”.

Al preguntarle por qué el Congreso restableció el financiamiento, Wolfe dijo: “Las abuelas”.

Kelly A. Love, portavoz de la Casa Blanca, remitió las preguntas relativas a LIHEAP a Coalter Baker, portavoz de la oficina de presupuesto, que no hizo comentarios excepto el relativo a la declaración de Mulvaney ante el Congreso.