La economía colaborativa gana adeptos en España, pero todavía está lejos de alcanzar los mismos niveles que en otros países. Aunque ya existen start up que se han financiado gracias al crowdfunding, es decir, a las aportaciones de pequeños inversores, los grandes proyectos, como los desarrollos urbanísticos, son inaccesibles para los ahorradores particulares.

La razón se encuentra en la legislación española sobre crowdfunding, “que está muy bien estructurada”, salvo por el tope de dos millones de euros que establece en el valor de los proyectos que se pueden financiar con este modelo, según explica Rodrigo Niño, consejero delegado de Prodigy Network, una plataforma que ya ha construido varios rascacielos en Estados Unidos y Colombia.

Este experto, que hace poco visitó España para participar en un seminario sobre economía colectiva en IE Business School, explica que los activos inmobiliarios premium han sido los más seguros durante la crisis. Aunque también han sufrido, han logrado una rentabilidad muy superior a cualquier otra inversión, mientras que la Bolsa ha sufrido pérdidas multimillonarias.

El problema es que, tal y como está articulada la ley española, según Niño, las posibilidades de los pequeños ahorradores son limitadas y sólo tienen acceso al mercado bursátil o activos inmobiliarios si se han visto afectados por la crisis, como los residenciales.

En España, la norma estipula que un inversor no cualificado, es decir, aquel que tenga un patrimonio financiero superior a 100,000 euros o unos ingresos anuales de 50,000 euros, no podrá invertir en ningún proyecto que supere los 2 millones de euros.

El problema radica en que, por ejemplo, para construir un rascacielos se necesitan alrededor de 200 millones de euros, por lo que las plataformas de crowdfunding y los promotores no pueden incluir este tipo de iniciativas en los sistemas de financiación colectiva. Es más, tras la última reforma legislativa, un particular no acreditado no puede destinar más de 3.000 euros a un único proyecto.

Niño entiende que este tipo de limitaciones se establecen con el fin de proteger a los pequeños ahorradores, pero considera que, tras las crisis, ha quedado demostrado que esto no ha sido así, porque, precisamente, los activos más seguros, y también los más caros, legalmente no estaban al alcance de los inversores minoritarios, pero sí para las grandes fortunas y fondos de inversión.

Otros modelos
El consejero delegado de Prodigy Network recuerda que, en Estados Unidos, tras realizar este análisis, llegaron a la conclusión de que era necesario abrir el mercado y cambiaron la normativa en 2012. Aunque allí han mantenido el criterio de inversor cualificado, que es incluso más restrictivo que el español, no han determinado ningún tope en el tipo de proyecto.

En otros países, como Colombia, este sistema lleva funcionando sin limitaciones desde hace dos décadas. “Y allí no se ha producido ningún fraude” en temas de inversión colectiva, recuerda Rodrigo Niño. Esto se debe a que la regulación no está enfocada a establecer criterios selectivos para inversores, sino más bien a garantizar que la información que se presenta al público es veraz.

A diferencia de lo que ocurre en España, allí, por ejemplo, existe la figura de un experto independiente que no sólo debe acreditar la veracidad del proyecto de crowdfunding, sino que además es económica y legalmente responsable en caso de fraude.

Gracias a la apertura legislativa de estos países, sólo la actividad de Prodigy Network en Estados Unidos el año pasado ascendió a cerca de 600 millones de dólares (483 millones de euros).

La plataforma se ha centrado en la financiación colectiva para promover grandes proyectos urbanísticos en Manhattan (Nueva York), principalmente, la construcción de rascacielos y complejos comerciales en el centro de la ciudad, con una rentabilidad que se sitúa entre el 15% y el 25%.

En España, de momento, esta plataforma y otras iniciativas similares de crowdfunding para grandes proyectos no pueden desembarcar. Aunque a corto plazo los expertos señalan que no se prevé un cambio normativo, los inversores confían en que la regulación evolucione en este camino en los próximos años, ya que, además, serviría para revitalizar sectores tan dañados por la crisis, como es el caso del inmobiliario.