Las empresas inmobiliarias estarán obligadas a colocar avisos totalmente visibles para que los compradores puedan acceder a las centrales de riesgo y constatar si estas tienen sanciones por deficiencias en construcciones, estafas o demoras en entregas.
Esta obligatoriedad se dará debido a una propuesta legislativa del congresista Carlos Bruce, que ya está aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Vivienda.
El parlamentario indicó que la propuesta se tendrá que debatir en el Pleno del Congreso en la próxima legislatura, en agosto.
Según estimación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hay unas 8,000 inmobiliarias y constructoras informales que venden predios sin garantías.
A diciembre del 2014, solo se habían registrado unas 5,500 empresas en la Central de Información sobre Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras, herramienta creada para evitar estafas y fraudes en el sector.
Bruce Montes de Oca manifestó que toda persona que desee adquirir una vivienda tiene el derecho de conocer si el proveedor de estas se comportan de manera seria y transparente. De aprobarse en el pleno del Congreso, esta medida deberá implementarse de manera rápida, indicó.