La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) considera que no es conveniente poner en vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, estando en una coyuntura tan difícil para el país y para la actividad constructora, señaló Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio empresarial constructor.

La construcción viene cayendo 7.7% en el acumulado enero-setiembre de este año, según cifras del INEI.

“En ese contexto, la intención del Ministerio de Economía y Finanzas de poner en vigencia un nuevo reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado, que cambia radicalmente el enfoque de la contratación pública, está causando una gran preocupación en el gremio constructor. Capeco ha identificado varias deficiencias en este proyecto de norma, pero más allá de ellas, lo más peligroso es que la coyuntura actual es la peor para hacer cambios tan significativos en la normativa de contrataciones del Estado”, sostiene Valdivia.

En su opinión, “cambiar las reglas de juego de la contratación pública, implica tener que superar una curva de aprendizaje de al menos 6 meses para revertir la caída de la obra estatal, algo contraproducente en un entorno de desaceleración económica y recesión sectorial”.

Objeciones
Asimismo, desvirtuó la posición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que ha indicado que recién en marzo o abril se van a iniciar las convocatorias a licitaciones y, por lo tanto, tienen cuatro meses para preparar a los funcionarios encargados de los procesos de licitación.

“El reglamento propuesto implica un cambio radical en el enfoque de la contratación pública, que pretende otorgar una mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de llevar a cabo los procesos de contratación y modificar sustantivamente el esquema de control de las licitaciones”, dijo.

Que señalen cuáles
Respecto a los adelantos de obra, Guido Valdivia señaló: “Quisiéramos que el OSCE alcance la estadística que sustenta esta afirmación, que señalen en qué proyectos y qué empresas o consorcios de empresas tomaron los dineros del Estado y desaparecieron, pues la incidencia de estas malas prácticas es muy reducida y, sobre todo, corresponde a actos contra la ley que Capeco condena y rechaza”, precisó.