Río de Janeiro (Reuters).- La minera brasileña Vale intentará vender sus activos en el paralizado proyecto argentino de potasa Río Colorado para recuperar los 2,200 millones de dólares invertidos, dijo una fuente al tanto de las negociaciones, mientras que Buenos Aires amenazó con quitarle la concesión.

Vale pretende así protegerse de una eventual expropiación del proyecto en la provincia andina de Mendoza, suspendido el lunes ante un vertiginoso aumento de costos por la inflación y una tasa de cambio desfavorable.

Argentina, que vio esfumarse una inversión de 6,000 millones de dólares, sugirió que podría continuar adelante sin la minera brasileña, a la que acusó de “abandonar” el proyecto.

“La empresa ha violentado la seguridad jurídica y las leyes de Argentina y de Mendoza, en particular, que otorgó el permiso de concesión y si no la explotan, lo van a perder”, dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido, durante un discurso en el palacio presidencial de la Casa Rosada.

Sus comentarios hicieron poco por disipar el espectro de una posible expropiación de los 2.229 millones de dólares que Vale dice haber invertido en Río Colorado al cierre del 2012.

La segunda mayor minera del mundo dice haber completado un 45 por ciento de las obras, que además de la mina incluyen 800 kilómetros de vías de ferrocarril y un terminal en el puerto de Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires.

Argentina expropió emprendimientos privados en el pasado. El caso más notorio fue la nacionalización en 2012 de un 51 por ciento de la petrolera española Repsol en la argentina YPF.

Río Colorado debería convertir a Argentina en un exportador de potasa, una sal de potasio usada para fabricar fertilizantes.

“El proyecto se va a llevar adelante con o sin Vale”, dijo el miércoles el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, citando las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández.

No quedó inmediatamente claro qué ocurrirá con los activos de Vale ni cuál sería la fuente de financiamiento.

Vale ha dicho que el naufragio de Río Colorado dejará en la calle a 6.000 personas en Argentina, tanto empleados directos como de las constructoras a cargo de las obras. Los sindicatos calculan que pueden ser hasta 11.000.