Telefónica del Perú estima que existen aproximadamente más de un millón de usuarios informales del servicio de televisión por cable en el país, lo que representa el 45% de los 2’500,000 usuarios de este servicio, según la última Encuesta Nacional de Hogares elaborado por el INEI.
“En los últimos años, el servicio de televisión por cable se ha visto afectado por un gran incremento de la informalidad, producto del uso ilegal y del robo de la señal. Ambos delitos causan una menor calidad en el servicio y limitan el acceso de los clientes formales”, explicó Jean Pierre Fort, Jefe de Lucha Contra la Informalidad de Internet y TV Paga de Movistar.
Informalidad
Asimismo, en los distritos de Villa María del Triunfo, Rímac, Independencia y El Agustino se han encontrado mafias organizadas que cobran entre S/. 20 y S/. 30 mensuales, con una señal de muy mala calidad, por lo que los usuarios formales también resultan afectados.
“La informalidad y el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones es un problema que afecta a miles de usuarios en el país. Por ello, Telefónica viene tomando acciones legales orientadas a combatir de manera efectiva el uso ilegal de las señales de TV cable”, señaló Fort.
En Lima, los distritos con mayor índice de informalidad en el servicio de Movistar TV son Villa María del Triunfo, Callao, Rímac y San Juan de Lurigancho.
De otro lado, las ciudades del interior del país donde se concentra la mayor cantidad de usuarios informales son Trujillo, Arequipa y Chiclayo.
DUNA
Como parte de las acciones de Telefónica en contra de este tipo de piratería, ha desplegado el operativo DUNA. Entre mayo del 2011 y mayo de 2013, se ha efectuado el corte de más de 208,000 conexiones clandestinas y se ha logrado formalizar a más de 90,000 clientes. Con esta facturación, Telefónica ha aportado al fisco peruano cerca de S/.1,100 millones al mes, acotó el ejecutivo.
A la fecha, Telefónica ha interpuesto más de 750 denuncias penales por hurto de la señal de Movistar TV, habiéndose originado igual número de procesos, de los cuales, casi 500 han sido resueltos a su favor, dictándose sentencias condenatorias con penas privativas de la libertad de entre 1 y 4 años.
