Bloomberg.- Tahoe Resources, cuya mina insignia en Guatemala ha sido suspendida, está tomando medidas para reducir costos, incluyendo posiblemente desacelerar la expansión de un proyecto en Perú y recortar la exploración.

La compañía con sede en Reno, Nevada, también podría discutir la suspensión de su dividendo en una reunión de directorio de agosto y podría ralentizar el pago de facturas, dijo el presidente ejecutivo, Ron Clayton.

“Ciertamente ya estamos recortando cosas que son muy discrecionales”, dijo Clayton, agregando que la compañía decidirá en las próximas dos o tres semanas en qué más puede ahorrar. “Nuestras minas de oro, si disminuimos un poco nuestro gasto de exploración y de capital, pueden generar dinero en efectivo”.

El productor de metales preciosos ha perdido cerca de un tercio de su valor de mercado y ha sido golpeado por una ola de recortes de analistas desde el 5 de julio, cuando Tahoe dijo que su perspectiva de producción de 2017 estaba en peligro después de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendiera la licencia de explotación de la mina de plata El Escobal.

La suspensión llegó en un momento desafortunado para la compañía, en medio de un año de fuerte gasto de capital. Tahoe busca expandir dos proyectos y desde un punto realista, podría tener que reducir sus labores en Perú, dijo.

Clayton subrayó que el balance de la empresa es fuerte y que sus acreedores han sido “de gran apoyo”. Dicho esto, no anticipa la necesidad de acudir a la línea crediticia de la empresa este año, aunque podría buscar extender una instalación de US$35 millones en Perú. “Desde una perspectiva de deuda de liquidez estamos en muy buena forma”, dijo.

“Escobal estaba probablemente generando alrededor de 60 por ciento de nuestro flujo de caja libre, así que tenemos que evaluar las cosas con prudencia, como nuestros programas de crecimiento y nuestro negocio de oro”, dijo.

Preguntado sobre la posibilidad de suspender el dividendo, dijo que la junta probablemente no necesitaría considerar esa medida hasta su reunión de agosto. “Ciertamente habrá una discusión”.

La preferencia de Clayton es proteger los proyectos de crecimiento sobre el dividendo, agregó. “Obtenemos un mejor retorno de la inversión para nuestros accionistas de esa manera”.

Fuerza mayor
La suspensión de la mina estuvo vinculada a una acción presentada por un grupo antiminero que alegaba que los indígenas no fueron debidamente consultados antes de que se concediera la licencia, dijo Tahoe el 5 de julio, estimando que una suspensión de tres meses significaría el aplazamiento de 5.1 millones de onzas de plata, y que no se pagarían US$4 millones en regalías y US$5 millones en impuestos.

La empresa ha declarado una fuerza mayor con sus clientes de concentrados, dijo Clayton.

En el mejor de los casos, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional revocarían la suspensión en algún momento entre hoy y los próximos meses y permitirían que opere mientras el tribunal revisa el caso, dijo.

De cualquier modo, probablemente pasarán de 12 a 18 meses para que la corte escuche los argumentos de que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala violó el derecho de consulta de la población Xinca cuando le concedió la licencia a la filial de Tahoe y emitió una decisión final, agregó. “No creo que haya ninguna posibilidad de que esto resulte en una suspensión permanente de la licencia de operación”, agregó.

Apelaciones archivadas
Las comunidades indígenas afectadas deben ser consultadas antes de que los proyectos comiencen, según el sitio web del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. Tahoe sostiene que se realizaron consultas y que no hay una población indígena significativa en la zona.

Las apelaciones a la suspensión han sido presentadas por la empresa, algunos de sus proveedores y trabajadores y una cámara de la industria, mientras que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió seguridad jurídica para proteger los derechos de las empresas que invierten en el país.

“Creemos que hemos visto una fuerte ola de apoyo aquí que está aplicando cierta presión política”, dijo Clayton. “Una suspensión o una revocación permanente de las licencias no está respaldada por lo que hemos visto en la jurisprudencia”.