De no resolverse en cuestión de días las complicaciones que enfrenta la venta de acciones de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (al consorcio Sempra-Tecpetrol), la ejecución del proyecto podría complicarse aún más, con nuevos atrasos en sus obras, y mayores costos para el Estado, es decir, los usuarios eléctricos.
Este 4 de noviembre vence el plazo para pagar el crédito puente de US$ 600 millones, que los bancos habían otorgado al consorcio a cargo del proyecto, para poder iniciar las obras, en tanto que las demás entidades financieras que integran el pool de bancos aprueban el crédito principal para la obra, estimado en US$4,125 millones.
Precisamente, la aprobación de este último crédito, estaba sujeta a que Odebrecht (afectado por el escándalo del caso Lava Jato), transfiriera primero su 55% de participación accionaria en el GSP a un tercero, que en este caso, se esperaba fuera el grupo
Sempra-Tecpetrol
Fuentes del Gobierno advirtieron que, con este impasse, hay varios riesgos en ciernes para el proyecto.
El primero, remarcaron, es que con el inicio de la temporada de lluvias, entre este mes y el próximo, la paralización de las obras principales, que se da desde abril último, se prolongue hasta abril del 2017, en que culmina el periodo lluvioso.
Es decir, la obra se podría postergar seis meses más, pues recién al cabo de ese lapso, tras las lluvias, se podrían movilizar los equipos para reanudar los trabajos.
Otro riesgo, añadieron, es que se le podría quitar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano (que integran Odebrecht, Enagás y G&M), por incumplir los plazos de entrega de obras en los plazos previstos, en vista que esto encarece aún más el costo del proyecto (estimado en más de US$ 7,300 millones).
Entrampamiento
En tanto, Gestión supo que el impasse en la venta de acciones de Odebrecht al consorcio Sempra-Tecpetrol se debería a la negativa de la brasileña a reconocer un costo adicional en el proyecto, por US$ 150 millones, que habría propiciado la demora en transferir sus acciones (que Odebrecht anunció desde abril), costo que el grupo interesado en comprar sus acciones se negaría a asumir.
