Reuters.- Las tensiones contra Conga, en Cajamarca, se reavivaron esta semana tras nueve meses de relativa calma. Los campesinos han creado grupos denominados “guardianes de las lagunas” que buscan proteger la laguna El Perol y evitar el transvase de sus aguas a los reservorios del proyecto.

Newmont y Buenaventura –socios de Yanacocha, dueña del proyecto– construyen los reservorios que serían abastecidos en parte por el agua de sus lagunas, pero las obras podrían ser interrumpidas. Al respecto, el CEO de Buenaventura, Roque Benavides, dijo que las protestas “no tienen sentido”.

“Estamos trabajando con la mejor de las intenciones. Pero si nosotros no podemos avanzar bien, entonces eso es todo. No hay alternativa”, dijo a Reuters, en una conferencia en Londres. Y agregó: “Las personas pueden reclamar, pero no tiene sentido”.

La construcción de Conga se paralizó temporalmente el año pasado por decisión de las mineras tras las violentas protestas, hasta que se resolvieran los temores de los campesinos respecto a la contaminación y el uso de sus aguas. Benavides dijo que el acercamiento de la minera hacia los pobladores no ha cambiado.

“Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Nosotros no estamos minando. Estamos siguiendo el principal objetivo, que es ‘el agua primero’”, precisó.

El ejecutivo había dicho a Reuters la semana pasada que la empresa comenzará a construir un segundo reservorio –también llamado El Perol– y que se prevía que las obras estarían finalizadas a fin de año.

Para Benavides, el “punto de quiebre” para definir si se avanza con el proyecto se dará al término de la construcción del segundo reservorio, cuando la empresa vea si es factible bombear el agua de la laguna sin oposición de los pobladores. Pero los manifestantes dijeron que no se rendirían y que planean ocupar la laguna el 17 de junio.

“Nosotros no estaremos felices hasta que el gobierno declare que el proyecto es inviable”, dijo el dirigente campesino Milton Sánchez. Como se sabe, para aplacar estos conflictos -que retrasarían inversiones por más de US$ 50,000 millones-, el Gobierno ha endurecido los estándares ambientales y exigido a las empresas que logren el apoyo de las comunidades.