El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha elaborado un estudio comparativo sobre los reglamentos a los que se tienen que someter en seis países latinoamericanos, incluido el Perú, las compañías de taxi que usan plataformas virtuales, al estilo Uber. El organismo encontró que las respuestas de los gobiernos en esas naciones varían significativamente.

Anota, como ejemplo, que mientras la regularización de Uber en México fue relativamente rápida, el gobierno en Argentina decidió prohibir todas sus operaciones.

Más allá de estas diferencias, en el estudio se anota que el “denominador común parecería ser la escasez de debate y estudios que evalúen el impacto de estas plataformas en la movilidad general y en el servicio de transporte público individual en particular”.

El BID anota que esta carencia no es exclusiva de América Latina, y explica que existe porque “los gobiernos han tenido que reaccionar sin tiempo suficiente para analizar la intrusión de un servicio que afecta directamente el sistema de transporte público individual”.

“El servicio que ofrecen estas plataformas colaborativas ha dejado en evidencia las ineficiencias propias del servicio tradicional de taxis”, se sentencia en el informe.

Añade que el avance tecnológico y la mayor conectividad en la población han permitido que una simple aplicación logre mejorar sustancialmente la calidad del servicio sin impactar, o incluso reduciendo, su costo de provisión.

Subraya, sin embargo, que la creación de valor de estas apps no termina allí. “Como el software admite flujos de información en tiempo real, el uso de tarifas flexibles y dinámicas permite una asignación de recursos más eficiente, aumentando el bienestar de la sociedad”.

Al analizar si este modelo de negocio subsistirá, el BID afirma que algo ha quedado claro: el futuro transporte público individual será más parecido al servicio actual que provee Uber que al del modelo tradicional de taxis”.

Por ello, plantea que cada gobierno tendrá que elegir cómo incorporará los avances tecnológicos para mejorar la movilidad y el sistema de transporte urbano, y puntualiza que cualquier decisión requerirá la consideración y toma de posición respecto a los siguientes tópicos:

Regulación: La naturaleza de las plataformas de economía colaborativa hace que la competencia por el mercado sea intensa y resulte en mercados concentrados (en poca competencia en el mercado). Las decisiones de regulación de la competencia suelen corresponder al ámbito nacional ya que se rigen por visiones y principios económicos más generales. Por el contrario, la regulación del transporte urbano es, por obvias razones, de carácter local y deberá ser consistente con los principios básicos de competencia adoptados.

Derechos de propiedad: La resistencia a la entrada de Uber y otras plataformas se debe principalmente a la incertidumbre existente respecto a su impacto en el valor de las licencias de taxi tradicionales (costo hundido para los taxistas y futura recaudación del gobierno). En ese sentido, es importante que cada gobierno establezca claramente el alcance de los derechos de propiedad sobre el transporte público individual y la interpretación de cada sistema de movilidad que afecte estos derechos.

Manejo de la tecnología: Más allá de la posición que se tome respecto a las plataformas colaborativas, el uso de apps mejorará el sistema tradicional de taxis en todas las ciudades y debería ser implementado. Más difícil será la consideración de las opciones en términos de quién y cómo se realizará el desarrollo de apps, su implementación, la administración y el trabajo de actualización continua e integración con sistemas de información existentes.

Política de transporte: Quizá el punto de partida para cualquier análisis radica en definir claramente la función objetivo del gobierno local en materia de transporte y movilidad urbana. Para esto siempre es informativo preguntarse, para la ciudad correspondiente, ¿en qué medida la regulación de taxis pre-Uber fue diseñada teniendo en cuenta sus externalidades sobre la congestión y la movilidad? Es común que ciudades con dificultades financieras consideren el mercado tradicional de taxis de forma aislada y exclusivamente como un mecanismo generador de rentas. Ciudades sin presión presupuestaria tienen más libertad para imponer incentivos que afecten la oferta y demanda de taxis de forma tal que complemente y no sustituya el sistema de transporte público de buses y metro.