Santiago(Reuters).- El presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, no descartó la detención de alguno de los proyectos clave que tiene la empresa, de acuerdo a las decisiones de financiamiento que adopte el gobierno de Chile.

La firma lleva adelante un multimillonario plan de inversiones con el objetivo de contrarrestar el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos.

La semana pasada, el gobierno chileno aprobó US$ 200 millones a Codelco, que entrega todas sus ganancias al Estado, en una primera etapa de capitalización, que sería completada tras la aprobación de una nueva ley de financiamiento plurianual.

“No hay muchas holguras. La única holgura es decidir si se hacen o no se hacen, porque también es legítimo decir que no lo vamos a hacer”, dijo Landerretche en una entrevista con el matutino El Mercurio.

Al preguntarle si se podría llegar a suspender alguno de los proyectos, el funcionario agregó que “todo es posible y va a depender de las señales de financiamiento”.

Landerretche señaló que de no hacerse las inversiones, la empresa tendría una caída significativa en su producción, lo que disminuiría su aporte al Estado en cerca de un tercio o incluso un 40%.

Recordó que el Gobierno prometió definir durante el segundo semestre la fórmula para el financiamiento de la empresa para realizar los proyectos, o decidir si no se hacen.

“Si alguien tomara la decisión de no proveer el financiamiento para los proyectos o demorarlo, tiene que hacerse cargo de la planificación fiscal y de la situación financiera que esto va a generar”, apuntó.

Los proyectos incluyen un nuevo nivel para el yacimiento El Teniente y ampliaciones en Andina y Radomiro Tomic, así como también cambiar la centenaria mina Chuquicamata de tajo abierto a subterránea.

Trabajadores se oponen al plan para “Chuqui”, que conllevaría un amplio recorte de personal.

En tanto, la expansión de Andina, de unos US$ 6,800 millones y ubicada en las cercanías de la capital chilena, ha empezado a tener duras críticas de parte de comunidades y ambientalistas, que alegan que afectaría la disponibilidad de agua en la zona.