El Gobierno inició conversaciones con la minera Bear Creek para evitar un arbitraje internacional por la cancelación de los derechos que poseía la firma para operar la mina de plata Santa Ana, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel.
En febrero, la empresa canadiense presentó a las autoridades peruanas una notificación de intención para solicitar un arbitraje bajo el TLC entre Canadá y Perú, e indicó que ese paso iniciaba “un periodo de consultas de seis meses entre las partes durante el que tienen que continuar intentando llegar a un acuerdo amistoso”.
Aseguró que la decisión del Perú de cancelar la concesión supuso “daños significativos para la compañía”. Aseguró en ese momento que las acciones del Ejecutivo peruano “violan el TLC suscrito entre Canadá y Perú, así como las leyes peruanas e internacionales”.
En junio del 2011, el Gobierno peruano canceló la concesión de Bear Creek en Santa Ana, concedida en el 2007 a través de un decreto presidencial. Tomó esa decisión luego de que se registraran violentas protestas en Puno. Un mes después, Bear Creek presentó un amparo constitucional contra el Gobierno peruano.
Dato
Castilla brindó estas declaraciones al finalizar el seminario con el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, que organizó ESAN.
