(Bloomberg) El esfuerzo de Microsoft Corp. por detener las revisiones de mensajes de correo electrónico por parte del FBI podría depender de si se le permite o no defender los derechos constitucionales de sus clientes.

El juez que decidirá si el caso puede proceder les había dicho a los abogados de la compañía que estén preparados para abordar dictámenes anteriores que socavan sus argumentos. Calificando el asunto de “dilema” el lunes en la corte, el juez señaló que emitirá un dictamen por escrito más adelante.

En juego está un elemento clave del desafío de Microsoft a la práctica estadounidense de acceder en secreto a información de usuarios que se encuentra almacenada en la nube, incluyendo correos electrónicos.

Microsoft atrajo el apoyo de líderes de firmas tecnológicas incluyendo a Apple Inc., Google y Amazon.com Inc. cuando demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos en abril.

Afirman que el futuro mismo de la informática móvil y en la nube está en riesgo si los clientes no pueden confiar en que su información siempre será privada.

La ley federal que permite estas búsquedas va “mucho más allá de cualquier límite necesario” y viola los derechos de la Cuarta Enmienda constitucional de los usuarios en contra de búsquedas e incautaciones ilegales, así como su garantía de libre expresión contemplada en la Primera Enmienda, afirman las compañías.

El Departamento de Justicia sostiene que necesita dichas herramientas digitales para ayudar a combatir a delincuentes y terroristas cada vez más sofisticados que son hábiles con la tecnología para comunicarse y ocultar sus huellas.

Revelar las búsquedas socavaría las investigaciones y pondría a estadounidenses en peligro, afirman. Una decisión a favor del gobierno estadounidense sería una victoria temprana para el presidente Donald Trump, quien durante su campaña dijo que obligaría a las compañías tecnológicas a cooperar.

El gobierno afirma que Microsoft no tiene la capacidad –ni se encuentra en posición– de demandar para proteger la privacidad de los clientes.

Libre expresión
La compañía, con sede en Redmond, estado de Washington, admite que podría haber ocasiones en las que el gobierno busque de manera justificada una orden de mordaza para evitar que clientes que están siendo investigados alteren evidencias o causen daños a otra persona. Aun así, el estatuto es demasiado general e impone un estándar de discreción demasiado bajo, sostiene Microsoft.

La Electronic Frontier Foundation, un grupo de privacidad que apoya a Microsoft en el caso, teme que un dictamen de que la compañía no puede demandar pueda significar que nadie jamás tendrá el derecho a entablar una demanda por privacidad de información bajo la Cuarta Enmienda.

Las personas cuya privacidad podría ser violada nunca se enterarán de las búsquedas que se lleven a cabo, dijo Andrew Crocker, abogado del grupo.

“Obviamente pensamos que los proveedores deben poder defender los derechos de sus clientes”, señaló Crocker. “De otro modo, se está sacando a los clientes de la ecuación cuando el gobierno acuda a las compañías con estas órdenes de mordaza secretas”.