“El perfil bajo en el siglo XXI no existe, no es una opción”. José Carlos Antón, director para la Región Andina de Llorente & Cuenca (LL&C), señala que este enfoque, especialmente para la minería, es como una bomba de tiempo. Porque ante el error y el pobre manejo de una crisis, el daño a la reputación de una empresa puede extenderse hasta la sostenibilidad del negocio.

“[El perfil bajo] es una bomba de tiempo en la minería del siglo XXI, en el mundo en general. Lo que les diría a los amigos empresarios mineros es que en la sociedad actual somos uno más. Todos, con el acceso a la tecnología, tenemos una opinión y la mía es tan importante como la de cualquiera”, agregó.

En un informe elaborado por el área de Innovación y Desarrollo (I+D) de LL&C, Antón da cuenta de que la mejor oportunidad para abandonar este perfil se da tras la convención Perumin 2013, donde el presidente Humala resaltó la acogida de la “nueva minería”. Y esto implica que las empresas no solo sepan reconocer sus errores y remediarlos, sino ‘socializar’ logros y relacionarse con su entorno.

“Hace 15 o 20 años, ningún minero reconocía que contaminaba. Hoy, si se produce algún accidente, hay empresas que sí empiezan a reconocer que ha cometido ese error, que hay contarlo no solo a las autoridades, sino a las comunidades con las que uno se relaciona. Esa nueva actitud es realmente lo nuevo, lo significativo y lo diferente”, indicó el ejecutivo.

Sostenibilidad
“Creo que a los ciudadanos les cuesta diferenciar al minero formal del informal e incluso del minero ilegal […] Y hay que empezar a ver que esta nueva minería es diferente […] Enfoca su operación desde un punto de vista de sostenibilidad del negocio: saben que van a estar 30 o 40 años en la región y quieren tener una buena relación con las comunidades”, detalló Antón.

De ahí que la crítica del ejecutivo resalte que las empresas de este sector deben aprender a “poner en valor” sus operaciones, algo que signfica construir una reputación que no use el engaño o las verdades a medias cuando sean cuestionadas por sus diversos públicos: Estado, ciudadanos, comunidades o la prensa.

“Si la experiencia que cada uno de los stakeholders (público de interés) tiene es negativa, la reputación también lo será. Eso le va a generar más problemas de aceptación, pérdida de confianza, y con eso es muy complicado sacar adelante los proyectos. Es muy complicado que exista sostenibilidad del negocio porque la gente va a querer que te vayas”, advirtió.

Pero también llamó la atención sobre el rol del Estado. “Si hay normativa nueva para destrabar las inversiones, sin perder el afán fiscalizador que debe tener el Gobierno, lo tienen que poner en valor y perder el miedo a contarlo”, anotó. Propuso que en base a los acuerdos entre empresa-ciudadanía, se haga un seguimiento sistematizado para sentar precedentes ante la opinión pública.