Cuando se revela el pago de sobornos de Odebrecht en el Perú, la empresa tenía el control de cinco megaproyectos en concesión que sumaban inversiones por más de US$ 13 mil millones. Era accionista mayoritario en los dos tramos de la Interoceánica (IIRSA) sur, IIRSA Norte, hidroeléctrica Chaglla, los proyectos de irrigación Olmos y Chavimochic, así como en el gasoducto del sur.
La brasileña, con presencia en el Perú desde 1979, había participado en 67 obras de infraestructura en el Perú (una de las más conocidas es el tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima).
Cuando en diciembre pasado una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pago en Perú de sobornos por US$ 29 millones entre 2005 y 2014, Odebrecht Latinvest, brazo ejecutor en el país, ya estaba vendiendo sus activos.
Desde setiembre del 2016 intentaba lograr la venta de su 55% de participación en el proyecto del gasoducto sur, si bien ya había concretado la venta de su 75% de participación en Rutas de Lima a Brookfield y mantenía un 25% en ese proyecto.
Ya en enero del 2017, el presidente Kuczynski advirtió que Odebrecht -que hasta meses atrás aún planeaba hacer otras inversiones en Perú- iba a tener que vender sus proyectos e irse del país, aunque la empresa afirmaba que lucharía por sobrevivir y seguir en Perú.
Ante tal presión, la compañía desarrolla la estrategia de acelerar la venta de su participación accionaria en concesiones, pero mira nuevos rubros.
De hecho, designó a Rodrigo Costa Melo para reunirse con consultoras y corredores inmobiliarios en Lima y empresarios del sector, y analizar iniciativas en Lima (Gestión 11.01.2017).
Sin embargo, el inicio de juicios contra Jorge Barata, presidente de Odebrecht Latinvest, y la creación de comisiones investigadoras del caso Lava Jato, complican las expectativas de la empresa, y cambia de estrategia.
Ahora, ha modificado sus plazos para la venta de sus activos. Así, la matriz habría decidido que el reemplazo de Barata, Mauricio Cruz, prolongue su estadía en el Perú más de lo previsto (originalmente habría considerado que solo permanezca hasta fin de año), de forma que dedique más tiempo a la venta de los demás activos que tiene la brasileña.
El segundo cambio en su estrategia es tener un enfoque diferente en la culminación del contrato con GSP donde Odebrecht tiene el 55%. Es así que cuando ingresa Luciano Nitrini a la presidencia del Grupo Oebrecht, se habría decidido que este tema sea tratado directamente desde Brasil.
¿Qué se busca con todo ello? Lo que se pretende es evitar las pérdidas de los 1,000 millones que le podría significar las inversiones que ha realizado en el proyecto del gasoducto.
Simultáneamente, se ha iniciado el caso de Luxemburgo (ver nota aparte).
Se quedan
En cualquier caso, voceros de Odebrecht informaron a Gestión que la empresa y sus representantes seguirán con el compromiso de cumplir con sus obligaciones en el país, y para esto continuarán con su plan de desinvertir “por el tiempo que sea necesario”.
Además, revelaron que aún no se han absuelto las condiciones que Suez y Brookfield plantean para culminar la compra del proyecto Olmos, a fin de no verse afectados por el D.U. 003-2017, que trababa la venta de activos a Odebrecht.
Tampoco se han absuelto los pedidos de la china Three Gorges para la compra de la hidroeléctrica Chaglla, cuya venta desde setiembre espera la aprobación de la comisión multisectorial que aplica el decreto de urgencia antes citado.
En cuanto al acuerdo entre los socios del GSP para la firma del acta para la entrega de sus activos al Estado, que se entregó al Gobierno, fuentes del consorcio consideraron que no ha habido algún condicionamiento para ello.
