Reuters.- El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, enfatizó que la contaminación de la cuenca del Pastaza (Loreto) por la empresa argentina Pluspetrol no quedará impune, pese a que se le impuso una multa de 11,3 millones de dólares a fines del 2012, pero la firma judicializó el caso para evitar el pago.

Es un “problema ambiental severo” -dijo- tras declarar en emergencia la zona por 90 días, tiempo en el que se buscará rehabilitarla para reducir el riesgo de contaminación a los pobladores.

“Tenemos una indicación directa del Presidente de la República para que no haya impunidad en este tipo de casos porque no se puede permitir que una empresa asuma sus obligaciones de manera tan laxa, tan irresponsable, causando un perjuicio a la población”, afirmó.

Aclaró que se trata del lote petrolero 1-AB que opera desde 1971 y que actualmente suministra casi un cuarto de toda la producción de crudo en el país, en la región selvática de Loreto.

El bombeo de petróleo lo inició la estadounidense Occidental Petroleum y en el 2001 pasó a manos de Pluspetrol.

“Estamos hablando de infraestructura muy vieja y con muy poco mantenimiento. En la intervención que se hizo en Pastaza se ha determinado que las tuberías están en muchos casos en muy mal estado”, dijo Pulgar.

Pluspetrol no responde
Un portavoz de Pluspetrol en Lima consultado por Reuters dijo que la compañía está analizando la situación presentada y se excusó de ofrecer por ahora comentarios sobre el tema.

Pluspetrol opera además en el sur de Perú el campo de Camisea, que produce la mayor parte del gas natural del país.

El caso ya había sido alertado por comunidades nativas de Loreto. “Esto es una buena prueba de fuego para ver cómo van a operar las instituciones ambientales. Este (del lote 1-AB) es uno de los casos emblemáticos en cuanto a impactos ambientales en el Perú”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, que labora ahora en la ONG Cooperacción.

En tanto, el viceministro de Interculturalidad, agregó: “La declaración de emergencia es un paso importante que debe ayudar al proceso de diálogo con las comunidades nativas, y es un signo de la promesa que el Gobierno ha hecho para atender a sus preocupaciones”.