(Reuters) El Grupo Graña y Montero, socia menor del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) controlado por la brasileña http://gestion.pe/politica/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-paga-multa-millonaria-2176171, afirmó que el Estado peruano tendría que pagar entre US$ 1,200 millones y US$ 1,400 millones en compensación si decide rescindir el contrato actual en medio de demoras de financiamiento.
El gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Mario Alvarado, declaró a Reuters que la reanudación del desarrollo del proyecto podría tomar hasta tres años, si el grupo liderado por Odebrecht no cumple en enero con el plazo para cerrar el financiamiento y el Gobierno decide realizar una nueva subasta para encontrar otro operador.
“El daño realmente es para el país y eso hay que evitar a toda costa. Es un proyecto que es muy beneficioso, sobre todo para el sur del país”, señaló durante la CADE 2016.
Representantes del Gobierno peruano no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
En el proyecto, la firma brasileña Odebrecht tiene el 55% de participación, la española Enagás 25% y Graña y Montero el 20% restante.
La semana pasada, la estadounidense Sempra anunció que terminó sin acuerdo una negociación con Odebrecht para comprar el control del proyecto de gasoducto de más de US$ 5,000 millones, que está bajo la lupa por investigaciones de presunta corrupción en su concesión en el 2014.
El acuerdo entre ambas compañías se truncó después de que el Gobierno se negó a eliminar una cláusula anti corrupción que tenía que firmar Sempra en el contrato como nuevo operador.
Optimista
Alvarado dijo que todavía es optimista en que Odebrecht pueda encontrar una empresa para reemplazarla en el proyecto, una condición de los bancos que proporcionarán un préstamo de US$ 4,125 millones necesarios para la construcción.
“Estamos trabajando muy fuerte para que el proyecto salga adelante, con nuestros socios. Somos positivos siempre”, afirmó.
Odebrecht, la mayor empresa de construcción e ingeniería de Latinoamérica y que actualmente enfrenta un escándalo de corrupción en Brasil, busca concretar la venta de este proyecto en el Perú mientras ofrece también otros activos en la región en busca de recaudar efectivo y pagar deudas.
Alvarado manifestó que el monto de compensación que pagaría el Estado peruano si cancela el contrato deriva de un porcentaje calculado por toda la inversión realizada en el proyecto.
“Es el 72.5% del valor contable neto invertido, que son como US$ 2,000 millones”, afirmó.
En caso de que se lance una nueva subasta del gasoducto, dijo que Graña y Montero estaría dispuesto a participar. “Sí claro, nosotros no tendríamos ningún tipo de problema”, acotó.
Por otra parte, indicó que el Grupo Graña y Montero, la mayor empresa de infraestructura de Perú con operaciones en Chile y Colombia, tiene en cartera a cifras de setiembre US$ 4,000 millones en contratos por ejecutar en los próximos años.
“Esto nos da un indicador de crecimiento, da la impresión que viene bien. El 2017 el más fuerte va ser infraestructura”, comentó respecto a su perspectiva sobre Perú.
