Guillermo Thornberry recibió el encargo de la administración anterior de valorizar el espectro de las concesiones móviles y de evaluar las infracciones de Telefónica para ver si cabría reducirle el tiempo de concesión de llegarse a renovarle el contrato. Ahora, desde su condición de ex presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), explica sus puntos de vista sobre la reciente decisión del Gobierno frente a la operadora española.
¿Se justifica una concesión de 18 años y 10 meses?
En mi opinión personal está mal. La labor del Osiptel es determinar las infracciones que ha cometido la operadora y en función a ellas calcular cuánto se le resta en caso de obtener una renovación de la concesión. Ahora le explico: una semana antes de que yo asuma el cargo, sale el Decreto Supremo 003-2007-MTC. Ahí hay un ‘articulito’ que dice lo siguiente: sólo se puede considerar las infracciones sancionadas en última instancia por el Poder Judicial.
Sin embargo, tú ves que se judicializa todo, hasta las llamadas de atención, que no tienen una sanción pecuniaria, pero sí tendrían una incidencia en la renovación de la concesión. Entonces, si nosotros sumáramos a las infracciones judicialmente consentidas las que están en procedimiento al momento en que el MTC pidió la evaluación del Osiptel, la concesión (prevista en 20 años) se hubiera reducido en cuatro años y medio. Es decir, habría sido de 15 años y 6 meses. Estoy seguro que no pasaba de los 16 años. En otras palabras, el ente regulador no es la última instancia.
Cuando usted presidía el Osiptel, calculó una resta de sólo 16 meses, sumando los procesos pendientes. ¿Ahora dice que la concesión pudo ser ampliamente menor?
Sí. Mucho menos. Le garantizo que mucho menos.
¿Y allí se incluyó las disputas por las deudas tributarias de Telefónica?
No. Eso es tema de la Sunat. Pero hay un artículo muy gracioso en el contrato ley, que es muy coloquial y de una técnica jurídica terrible. Bueno, éste dice que el regulador tiene que pronunciarse y establecer en qué medida (el operador) ha cumplido con las disposiciones nacionales.
Yo me preguntaba: si un gerente del operador se pasó la luz roja, ¿eso lo debemos considerar o no? Entonces, nosotros enviamos cartas a la Sunat para ver el cumplimiento tributario (de Telefónica), pero nunca obtuvimos una respuesta. En realidad, exactamente no recuerdo, pero la situación es que o recibimos una carta donde se decía que (Telefónica) había cumplido con los impuestos o no recibimos ninguna respuesta. Y teníamos un plazo perentorio. Pero, definitivamente, este un problema de Sunat, aunque como ciudadano me parece un escándalo. Y si el Osiptel hubiese accionado éramos susceptibles en incurrir en abuso de autoridad.
¿Cómo ha sido el comportamiento de Telefónica?
Telefónica está pasando por un mal momento en Europa. Telefónica fue sancionada con 150 millones de euros por prácticas anticompetitivas en banda ancha. Esto lo sé porque me tocó ser presidente de los reguladores de América Latina y El Caribe, con cinco observadores europeos. Allí tuve muchas oportunidades de conversar largamente con el entonces regulador de España y me dijo que tenía serios problemas con Telefónica.
En Perú, por ejemplo, en un concurso para telefonía rural descubrimos lo siguiente: los competidores solicitaron información sobre lo que se llama cabeceras de red y Telefónica, que participaba en el concurso, no quiso dar información. Es decir, las empresas hicieron sus propuestas a ciegas. Y una vez que ganó otro operador, Telefónica dijo que no había capacidad ‘ni aquí ni allá’. Entonces, yo hice cuestión de Estado y solicité que haya una norma de transparencia total, porque si un operador es dueño de la información sería una competencia ilegal. Este tipo de prácticas se han estado dando.
