Guardará silencio. La constructora peruana Graña y Montero (GyM) detalló que mientras la investigación forense – referida a la demanda civil interpuesta en cortes federales de Estados Unidos sobre la base de las declaraciones efectuadas por exrepresentantes de Odebrecht en Perú – siga en curso, a la fecha no es posible informar sobre un plazo determinado de finalización de la pesquisa en marcha.

Así, expresó que con la finalidad de resguardar la integridad e independencia de la investigación forense preventiva, “no podemos realizar pronunciamientos oficiales o declaraciones públicas con respecto a dicha investigación”.

Ello debido a que “podría afectar el curso de la misma y generar un perjuicio significativo al emisor, sus inversionistas y al mercado en general”, refirió la peruana a través de un Hecho de Importancia, publicado anoche.

La auditoría forense está a cargo de las firmas de abogados norteamericanos Simpson Thacher & Barlett LLP y Orihuela Abogados/Attorneys at Law. La demanda civil pretende una compensación monetaria más intereses por presuntos daños causados a los demandantes.

Como se recuerda, ocho firmas de abogados de Estados Unidos anunciaron la presentación de una demanda colectiva contra GyM por supuestamente haber entregado información inexacta a inversionistas que posean acciones de la peruana en ese país y que se vieron perjudicados con el desplome de los papeles en la bolsa de Nueva York a inicios de año, tras las declaraciones de Jorge Barata, quien la acusó de tener conocimiento del pago de coimas en las que incurría.

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De ser amparada la pretensión, el monto de la compensación sería determinado por el Tribunal en el proceso civil.