Graña y Montero señaló que no está impedida de contratar con el Estado, indicó la compañía constructora.

En un hecho de importancia enviado anoche a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Graña y Montero indicó que no se encuentra afectada por el Decreto de Urgencia 003-2017, emitido por el Gobierno en febrero pasado con el objeto de cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Graña y Montero refirió que ni la empresa ni sus funcionarios han sido condenados ni admitido la comisión de este delito. Asimismo, sostuvo que la compañía no se configura como vinculada a ninguna empresa que se encuentre comprendida en el alcance del Decreto de Urgencia (DU) mencionado.

“Podemos concluir que, en base al análisis efectuado por la compañía, no nos encontramos comprendidos en los alcances del DU ni de sus normas complementarias”, subrayó Graña y Montero.

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