El Grupo Graña y Montero señaló que el proyecto de Ley 1410/2016-CR es “inconstitucional” y “sienta un grave precedente” porque vulnera derechos de la empresa como la presunción de inocencia, debido proceso, libertad de contratar, igualdad ante la ley y libertad de trabajo, dijo la empresa en un comunicado.

El Proyecto incluye a las empresas consorciadas con Odebrecht, para que sean afectadas por el Decreto de Urgencia 003-2017.

De prosperar la medida, que aún debe ser analizada por el Poder Ejecutivo, se pone en riesgo el futuro de la compañía y afectaría de manera importante la economía del país, ya que Graña y Montero mueve aproximadamente el 1% del PBI. Además, impactará al sector construcción, que representa el 6% de la economía nacional.

“Desde nuestro punto de vista, este Proyecto de Ley es una clara muestra de abuso de poder que evidencia un acto arbitrario que puede afectar directamente a los peruanos. Invocamos a las autoridades a actuar con responsabilidad e impedir esta afectación y daños que impactarían negativamente el país. Por su parte, el Grupo Graña y Montero tomará todas las acciones legales correspondientes para defender la compañía y sus trabajadores, así como el valor de los miles de pensionistas que también son dueños de esta compañía”, finalizó Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero.

“Importantes proyectos que hoy desarrolla la compañía y son sumamente positivos para el país podrían ser paralizados, como la operación de la Línea 1 del Metro de Lima, el tratamiento de las aguas residuales de La Chira, y la actividad petrolera en el norte del país, entre otros”; indicó Díaz Olivero.

La empresa señala que sus 32,000 trabajadores y otros 350,000 empleados de sus casi 10,000 proveedores se verían afectados, así como otras empresas constructoras peruanas que son claves en el sector.

“Contraviene derechos constitucionales de presunción de inocencia, derecho al trabajo, así como la libertad de empresa en el Perú, ya que sin haber sido condenada y pasar por el debido proceso, el Grupo Graña y Montero está incluido en el mismo, junto a otras empresas constructoras peruanas que son claves en el sector”, afirmó la empresa.