En junta anual de accionistas, el Grupo Graña y Montero informó que se encuentra próximo a cerrar un acuerdo respecto a una línea sindicada comprometida con los principales bancos del país.

Durante la exposición del gerente general corporativo Luis Díaz Olivero señaló que esta línea sindicada comprometida (préstamo) asegurará el capital de trabajo y las garantías necesarias para poder ejecutar su cartera de proyectos, así como seguir contratando en el futuro.

[ LEA TAMBIÉN: Graña y Montero reprograma pago de deuda de US$ 52.5 millones por Gasoducto Sur a 12 meses ]

Asimismo, Díaz Olivero comentó que se ha llegado a un acuerdo con la aseguradora CHUBB Perú para reprogramar la deuda de US$ 52.5 millones de la garantía que se ejecutó con la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, a raíz de su incumplimiento.

Este monto, emitido desde un inicio por la aseguradora CHUBB, será ahora pagado en un plazo de 12 meses, lo que tendrá un efecto positivo en el flujo de caja de la compañía.

Cartera de proyectos
De acuerdo a un hecho de importancia, Díaz Olivero informó que la cartera de proyectos del Grupo, conformado por 26 empresas en 5 países de América Latina, asciende a casi US$ 3,600 millones, de los cuales solo el 11% pertenece a proyectos del sector público, el resto a contratos privados.

Los principales proyectos de G&M son la ampliación de Toquepala, la construcción de la Línea Amarilla, la construcción y operación de la mina Shahuindo, el desarrollo y la construcción del proyecto La Arena, la construcción del Hotel Aloft, entre otros.

Gobierno corporativo
Díaz Olivero comunicó la creación del Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad, decidido por el director saliente, y el próximo nombramiento de un gerente del área de Riesgos y Cumplimiento, cuyo proceso de selección se encuentra ya en marcha.

Asimismo, confirmó que la empresa no tiene impedimento para contratar con el estado o con otras empresas privadas, ni en Perú ni en otro país.

Por otro lado, informó que sólo se han interpuesto dos demandas civiles contra la empresa en Estados Unidos, ambas por la misma persona, pero que solo una de ellas ha sido notificada a la empresa.