El estado peruano, y en específico el MEM como concedente, ejecutará la garantía de US$ 262.5 millones debido a que el Consorcio del Gasoducto Sur Peruano ha anunciado que no cumplirá con el cierre financiero del proyecto en su fecha límite, el 23 de enero. Este era un requisito necesario para viabilizar el proyecto.
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De este total la subsidiaria de Graña y Montero, llamada Negocios de Gas SA, le corresponde pagar la quinta parte, es decir el 20%. Este monto equivale a US$ 52.5 millones.
“Bajo los términos de contrato de concesión, la terminación del mismo por el incumplimiento antes señalado conlleva a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de dicho contrato, el cual asciende a US$ 262.5 millones, de los cuales Negocios de Gas SA es responsable por el 20% del mismo. Este monto equivale a US$ 52.5 millones”, señala un hecho de importancia de la empresa enviado a la SMV (ver aquí).
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Por otro lado, una vez se devuelva la licencia del proyecto al estado, este deberá volver a subastarlo. El consorcio tiene derecho a recibir un mínimo de 72% del monto obtenido en dicha subasta, o valor contable neto, indicó Graña y Montero en un comunicado del 25 de noviembre de 2016.
Grana señala que espera recuperar una parte “importante” de su inversión en proyecto del gasoducto dentro de 3 años. Este fue el mismo plazo que comunicó Enagás en un hecho de importancia enviado al regulador español (ver aquí).
