Un grupo de empresas estadounidenses que hacen negocios en China criticó el lunes una nueva ley de Estados Unidos dirigida a frustrar ciberataques, pero que desalienta al departamento de Justicia y a otras agencias estatales a comprar sistemas de tecnología de la información procedentes de China.
“La seguridad nacional de Estados Unidos es crucial, pero no se debe utilizar como una forma de proteccionismo”, dijo John Frisbie, presidente del grupo, en una carta que insta a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes a bloquear medidas similares en el futuro.
“La seguridad del producto es un trabajo sobre cómo se hace, se emplea y se mantiene, más que por quién o dónde se hace. Imponer una evaluación de riesgo específica para un país genera una falsa sensación de seguridad si el objetivo es mejorar la ciberseguridad de nuestra nación”, dijo Frisbie.
El Congreso, haciéndose eco de la creciente preocupación en el país sobre los ciberataques chinos, introdujo un nuevo proceso de revisión para las compras de tecnología del gobierno estadounidense en una ley firmada el mes pasado por el presidente Barack Obama.
La medida requiere a la NASA, a los departamentos de Justicia y de Comercio y a la Fundación Nacional de la Ciencia que tengan una aprobación a la hora de comprar nuevos sistemas de tecnología de la información, con una particular atención a si los sistemas son “producidos, manufacturados o montados en una o más entidades que son propiedad, están dirigidas o son filiales” de China.
Funcionarios chinos han instado a Estados Unidos a rechazar esta ley, que dicen utiliza la seguridad en Internet como una excusa para dar pasos discriminatorios contra empresas chinas.
Temiendo represalias chinas y normativas en otros países que puedan dañar los intereses de Estados Unidos, la asociación de la industria de la tecnología de la información, la alianza de empresas de software y otros grupos de empresas escribieron a los líderes del Congreso el viernes para pedir la reconsideración de la nueva norma.
“Dado el modo acelerado en el que se ha promulgado esta disposición, pedimos al Congreso que revise las implicaciones en la seguridad y el impacto en la competencia de este requisito, y que considere un acercamiento más constructivo”, dijeron.
La nueva disposición podría impedir de forma inadvertida la capacidad del gobierno estadounidense de usar tecnología punta para protegerse, adujeron los grupos, que señalaron: “El requerimiento de evaluar cada compra de producto ralentizará el proceso de compra federal y pondrá a las agencias estatales por detrás de la curva de la innovación”.
