Dos proyectos de ley han sido presentados para modificar la Ley N°27809 Ley General del Sistema Concursal y “salvar” el proceso de liquidación del complejo metalúrgico Doe Run, y tres son sus sustanciales diferencias.

Mientras el Ejecutivo propone que la prórroga para procesos concursales – como el de Doe Run – se extienda por dos años, Fuerza Popular propone que sea un año. Ambas medidas son propuestas en disposiciones transitorias, por lo que varias bancadas han dicho que es una “ley con nombre propio”. “Y apellido propio también”, dijo García Belaunde, de Acción Popular.

PLAZO MÁXIMO
Fuerza Popular porpone el “1+1”, es decir, que los procesos concursales duren un año y tengan la posibilidad de extenderse un año más, vía un decreto supremo.

La norma propuesta por el Ejecutivo (“2+2”) señala que las liquidaciones en marcha se efectúan en un plazo de dos años, pero que puede tener una prórroga máxima por dos años más (en total cuatro) por decisión de la Junta de Acreedores.

Esto aplicaría para el proceso de liquidación de Doe Run. Por ello, algunos congresistas han señalado que es un tema a zanjarse en este gobierno. “Cuatro años podrían terminar siendo una concesión excesiva para que el Ejecutivo actual no resuelva el problema y termine pidiéndose una prórroga más adelante”, dijo Marco Arana del Frente Amplio.

“La experiencia ha demostrado que en casos de liquidaciones complejas, establecer plazos cortos y no dar flexibilidad a la Junta de Acreedores, que es la principal interesada en decidir el destino de la empresa, no es lo más adecuado”, señala la exposición de motivos del Ejecutivo.

¿INJERENCIA?
En cuanto a las prórrogas, la iniciativa de Fuerza Popular señala que la ampliación de un año se realiza mediante un “decreto supremo autoritativo”. Sin embargo, los decretos supremos sólo sirven para asuntos generales, y no para asuntos específicos.

Además, los congresistas de la bancada oficialista señalaron que esto significaría una injerencia del estado en una decisión privada. “El proyecto de Fuerza Popular de ampliar el plazo vía decreto supremo supone una injerencia del estado en un asunto privado, hecho protegido por la Constitución”, dijo el oficialista Gilbert Violeta.

“Ya veo la cola que se va a hacer de empresas pidiendo liquidaciones y eso es una fuente de corrupción inaceptable”, añadió el congresista aprista Jorge Del Castillo.

AMBIENTAL Y LABORAL
Por otro lado, la iniciativa de Fuerza Popular señala que el decreto supremo debe ser “debidamente fundamentado” y debe incluir “la obligación de cumplir con la legislación ambiental, así como también con las normas y pactos laborales preferentemente”, señala el proyecto.

“Hay urgencia en este debate para no perjudicar a 1,600 trabajadores que corren el peligro de perder su trabajo. Estamos de acuerdo con la ampliación del sistema concursal, pero debemos incorporar sistema claro de fiscalización”, dijo el congresista de Fuerza Popular Octavio Salazar.

“Acá el tema son qué compromisos se van a concretizar el primer año respecto al manejo laboral y ambiental”, dijo Becerril en pleno debate. “A nosotros [el Congreso] nos corresponde dar la prórroga, pero al gobierno le corresponde decir qué metas se pondrán”, añadió Becerril.

La norma presentada por el Ejecutivo no señala nada al respecto.

“El tema ambiental, en eso hay coincidencia de todas las bancadas, pero para eso tenemos que tomar el factor temporal. En uno o dos años no se va a poder contemplar el factor laboral o ambiental”, indicó Juan Sheput durante el debate.

Varias bancadas – incluidas las de Fuerza Popular – han anunciado su apoyo a votar a favor de la norma, que debería ser votada en estas horas.