EFE.- El colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió después de que Odebrecht admitió haber pagado US$ 92 millones en concepto de sobornos, delito por el que hay 14 imputados en el país, anunció hoy que el 20 de agosto marchará hacia la central termoeléctrica que construye la empresa en el país.

La planta a carbón es construida en Punta Catalina, en el municipio de Baní (sur), por un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht, cuya licitación estuvo bajo investigación.

En una rueda de prensa frente a la oficina de Odebrecht, Marcha Verde informó de que el próximo 20 de agosto realizará una concentración-caravana por el fin de la impunidad en Baní, provincia Peravia, y que tras recorrer distintos barrios del municipio marchará hacia el lugar donde se levanta la central termoeléctrica.

El objetivo es “demandar que Odebrecht sea expulsada de la República Dominicana por ser una empresa ladrona, que sus ejecutivos y sus cómplices sean enjuiciados y que se evite la contaminación ambiental propia de la generación del carbón”.

Además, que las autoridades cancelen los contratos “dolosos” firmados con la constructora brasileña y que se recupere “el dinero robado por las sobrevaluaciones y financiación política ilegal, así como la realización de auditorías e investigaciones independientes”.

“El pueblo dominicano no está obligado a mantener ni aceptar un contrato con una empresa que ha admitido que ha robado el dinero de la población para enriquecer a políticos y empresarios corruptos”, señaló Marcha Verde en un comunicado leído en rueda de prensa.

Si el presidente dominicano, Danilo Medina, “no puede romper con Odebrecht, ese es su problema, pero no tiene derecho constitucional a arrastrar al pueblo a su lodazal”, agregó.

Para el colectivo local, la central termoeléctrica de Punta Catalina “es el cuerpo del delito, que le saldrá a un costo de más de US$ 3,000 millones” al pueblo dominicano “no para resolver la crisis eléctrica, sino para enriquecer a empresarios y políticos ladrones”.

El presidente dominicano nombró la semana pasada al economista Jaime Aristy Escuder como administrador de la central termoeléctrica, una designación rechazada por Marcha Verde, debido a que este formó parte de la comisión designada por el mandatario para investigar la licitación de dicha central.

La comisión estableció, en un informe presentado en junio pasado, que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio estaba en un rango “razonable”.

Odebrecht es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de US$92 millones.

Por el caso Odebrecht fueron imputadas 14 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, ambos en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 8 de julio tras un mes en prisión preventiva.

En prisión se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).