Durante su presentación en la Comisión de Transporte del parlamento, representantes del Consorcio EcoExpress Javier Prado ratificaron que el contrato suscrito con Protransporte (MML), para operar en el corredor vial Javier Prado – La Marina es legal, considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las autoridades ediles actuaron inconstitucionalmente, al imponer una norma retroactivamente.

Agregaron, además que Protransporte, se negó a entregarles las observaciones hechas por el MEF al contrato de concesión, pese de haberlas solicitado formalmente.

“Toda esta situación se pudo haber evitado, si la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Protransporte hubieran actuado de manera transparente y nos hubieran presentado las observaciones del MEF cuando lo solicitamos. La semana pasada, cuando el MEF declaró sobre algunas de las observaciones, es cuando nos damos cuenta que no solo no estaban consignadas en las adendas sino que eran además perfectamente subsanables”, enfatizó el director del Consorcio, Emilio Cillóniz,

“Pareciera que lo que han querido era dejarnos fuera del Sistema Integrado de Transporte. Es por eso que nos sumamos al pedido de investigación del caso para llegar a entender realmente qué ha pasado y quién se privilegia con toda esta situación”, subrayó.

Joan Manel Cendra, gerente general del Consorcio, recordó las contradicciones del alcalde de Lima, Luis Castañeda, y de la propia presidenta de Protransporte, Roxana Rocha, quienes hace seis meses indicaron que el MEF actuaba de manera ilegal al tratar de aplicar una norma retroactivamente.

Llamó la atención también cómo las actuales autoridades ediles cuestionan los contratos de la anterior gestión, cuando ellos firmaron hasta cinco contratos de otros corredores bajo el modelo usado por la administración pasada.

“No puede ser que cuando cambia una autoridad pública, todo vuelva a fojas cero y se desconozcan los contratos irrespetando la estabilidad jurídica del país y a los inversionistas. Teniendo en cuenta estos cambios de opinión antojadizos, que alteran procesos realizados transparente y legalmente, consideramos oportuno hacer un llamado a las instancias pertinentes para que investiguen cuáles son los verdaderos motivos que han impulsado a la MML y Protransporte a tomar estas decisiones”, remarcó el ejecutivo.

“Y que no argumenten que los contratos nos permitían subir las tarifas al usuario porque eso es falso, fue un invento de Protransporte para asustar al público cuando por contrato estaba claramente establecido que sólo Protransporte era quien fijaba las tarifas, situación muy diferente a la del Metropolitano donde sí son los concesionarios quienes la definen”, puntualizó.

En ese sentido, ratificó que irán arbitraje, mecanismo de resolución de controversias que establecía el Contrato de Concesión, con la finalidad de defender sus derechos como inversionista, lo que supondrá millonarias pérdidas para la comuna limeña y el Estado y un impacto social para la población de Lima.

El Consorcio EcoExpress Javier Prado venía operando hace 15 meses, en el Corredor Javier Prado – La Marina. Para su plena operación más de US$ 35 millones fueron invertidos, se adquirieron 133 buses nuevos y ecológicos, y se contrataron más de 400 empleados en planilla entre conductores y personal administrativo.