Las empresas Sempra, Tecpetrol y Transportadora de Gas Internacional (TGI), que integraron el consorcio Gasoducto del Sur, que fue descalificado por ProInversión del concurso que adjudicó el proyectado gasoducto sur (GSP) -que dio como ganador al consorcio liderado por Odebrecht- ganaron en primera instancia el juicio que entablaron contra el Estado por excluírseles de ese proceso.

Así lo informó Mile Cacic, gerente general del Consorcio Gasoducto del Sur, ante la Comisión Lava Jato del Congreso, donde explicó que el fallo que les da la razón fue emitido en los últimos días por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima.

Vale recordar que el pedido original del consorcio -descalificado el mismo día del concurso, en junio del 2014 por ProInversión- era que se volviera el proceso de licitación al momento previo a su descalificación, por considerar que esta se realizó de forma irregular.

No obstante, en vista de que finalmente el contrato de concesión del GSP con el consorcio que lideró Odebrecht quedó anulado, porque ese grupo no pudo cumplir con el cierre financiero, lo que el consorcio descalificado está solicitando ahora, precisó Cacic, es que el Estado le pague un resarcimiento, como indemnización por el perjuicio que se le ocasionó.

Cacic evitó mencionar el monto que están solicitando.

“Los jueces han fallado diciendo que nuestra descalificación fue irregular y violatoria del debido proceso, y que se afectó nuestros derechos”, aseveró Cacic, que, además, dijo tener información de que ProInversión ha apelado el citado fallo, y que estarán acudiendo a una segunda instancia judicial.

Más caro de lo previsto
De otro lado, Cacic confirmó que, en el proyecto del GSP dejado de lado, además de los US$ 7,300 millones que iba a costar el proyecto (incluyendo el costo de su construcción, más operación y mantenimiento), si es que no hubiera demanda para este gasoducto, el Estado tendría que desembolsar US$ 912 millones, por cada año.

Es decir, que si en los 34 años de la concesión que se preveía, no se usaba el ducto, le costaría al país más de US$ 31,000 millones.