Bear Creek logra luz verde de comunidades de Puno para proyecto Corani por US$ 700 millones

La minera canadiense acordó destinar US$ 1.6 millones anuales por 23 años a un fideicomiso para el distrito de Corani. Los pagos se efectuarán incluso si se caen los precios de los metales. El Gobierno deberá aprobarlo en 90 días.

Lima (Reuters).- Bear Creek Mining logró el visto bueno de las comunidades aledañas a su mina Corani en Puno, con lo que la firma canadiense podrá avanzar el proyecto de plata de 700 millones de dólares, anunció su presidente ejecutivo, Andrew Swarthout.

Unos 800 residentes de las cinco comunidades que conforman el distrito Corani expresaron el último vierneso su conformidad con el plan minero, en la última de una serie de audiencias públicas en las que se discutió el proyecto en quechua.

Bear Creek acordó destinar 1.6 millones de dólares anuales por 23 años a un fideicomiso para el distrito de Corani, pagos que hará incluso si se caen los precios de los metales.

Para este pacto se tomó como ejemplo un trato de la productora de oro peruana Minera IRL, que dará una participación del 5% a las comunidades.

“Fue muy exitosa. Alcanzar acuerdos respecto a los pagos voluntarios y el reparto de ingresos es algo crucial para obtener el apoyo de la gente”, dijo en una entrevista con Reuters la noche del domingo.

Por su parte, el alcalde de Corani, reafirmó: “Todas las familias dieron su licencia social”.

Aprobación oficial
Aún el Gobierno debe aprobar o pronunciarse en los próximos 90 días sobre el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa en diciembre.

Bear Creek espera tener las aprobaciones necesarias antes de fin de año y pasar a la etapa de financiamiento y construcción de la mina hasta el 2014, para ponerla en marcha en el 2015.

La empresa ha dicho que Corani produciría un promedio de 8 millones de onzas de plata al año, que lo convierte en uno de los mayores depósitos del metal precioso sin desarrollar en todo el mundo.

Por otro lado, la minera canadiense aún espera la sentencia de una impugnación constitucional que presentó para retomar su proyecto Santa Ana, cancelado durante el anterior gobierno de Alan García.

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