Buenos Aires (AP).- Una jueza argentina resolvió el viernes en una medida provisional suspender la aplicación de una orden gubernamental que exige a LAN Argentina desalojar un hangar en el aeropuerto de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland, que ordenó al Estado que “se abstenga de interferir el uso, goce y explotación del hangar” que ocupa la subsidiaria de LATAM Airlines Group en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Según la compañía aérea, el abandono de esas instalaciones sería muy perjudicial para sus intereses.

La magistrada resolvió suspender la aplicación de una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que ordenó en agosto a la aerolínea de capitales chilenos que abandone el hangar de mantenimiento que alquila en la estación aérea. La medida generó las protestas del personal de LAN y de gremios aeronáuticos.

Según la magistrada, la suspensión de la resolución del ORSNA es “por un plazo de vigencia que se estima hoy en 6 meses y/o hasta que se decida cuestión de fondo”.

Heiland recordó que LAN, “invocando su carácter de prestador de un servicio público de transporte aerocomercial regular” con 14 destinos en el país, había solicitado una “urgente medida cautelar” contra el ORSNA, “hasta tanto obtenga sentencia definitiva y firme en el proceso principal que iniciará”.

La jueza también indica que LAN sostiene en sus argumentaciones que “viene sufriendo sistemáticos ataques, tendientes a la competitividad, arriesgando la fuente de trabajo de 2.850 trabajadores y favoreciendo la formación de un monopolio de hecho en Aerolíneas Argentinas”, la aerolínea de bandera en manos del Estado argentino.

Este no es el primer fallo de Heiland a favor de la aerolínea chilena. El 4 de septiembre prorrogó sin límite de tiempo la suspensión de la orden oficial para que la aerolínea se retirase del aeropuerto que había dispuesto previamente otra magistrada.

LAN tiene contrato para ocupar el hangar hasta 2023 y sostiene que el desalojo haría imposible mantener los 10 jets que actualmente vuelan dentro de Argentina, además de seguir operando los 14 destinos de cabotaje.

La empresa ocupa un espacio de unos 2,500 metros cuadrados donde funcionan los talleres de mantenimiento, oficinas administrativas y almacenes de repuestos. Sostiene que invirtió 5 millones de dólares en el hangar y que paga por el mismo un canon de 20,000 dólares mensuales a Aeropuertos Argentina 2000, la empresa que opera las terminales aéreas del país y que respaldó la decisión de desalojo del gobierno.

LAN aduce que de trasladarse al aeropuerto internacional de Ezeiza, unos 40 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, le resultaría imposible mantener su operatoria actual.

Pero el gobierno sostiene que la medida “no afecta los servicios” de la empresa y que ésta “podrá continuar sus operaciones desde y hacia el aeroparque metropolitano sin comprometer la seguridad operacional de los vuelos ni la estabilidad de las fuentes laborales”. Además afirma que el ejercicio del derecho sobre los espacios de dominio público son siempre otorgados con carácter precario.