(Bloomberg).- Tim Cook la calificó nada menos que de amenaza a las libertades civiles, la privacidad digital de millones de personas y hasta la seguridad de los niños. Ahora, transcurrida una semana desde que los investigadores federales arrojaron el guante a Silicon Valley, los abogados de Cook intervinieron para brindar argumentos legales desapasionados oponiéndose a que Apple Inc. desbloquee el iPhone utilizado por uno de los atacantes que mataron a 14 personas en San Bernardino, California, en diciembre.

Apple señaló que en este caso el Departamento de Justicia se excede en el ejercicio de su autoridad, diciendo que no se trata de un único iPhone sino de que “el FBI busca a través de la justicia una facultad peligrosa que el Congreso y el pueblo estadounidense han mantenido; la capacidad de obligar a empresas como Apple a socavar la seguridad básica y los intereses en materia de privacidad de cientos de millones de individuos en el mundo entero”.

Este jueves, en una presentación de documentación ante un tribunal federal en Riverside, California, Apple solicitó a la magistrada que revocara la orden con fecha 16 de febrero que le exigía ayudar al FBI a anular la codificación en el iPhone utilizado por Syed Rizwan Farook, quien encabezó el tiroteo con su esposa. La compañía argumentó que desbloquear el dispositivo de Farook en definitiva volvería la información más confidencial y personal de los usuarios vulnerable a los hackers, a los ladrones de identidad, a agentes extranjeros hostiles y a la vigilancia gubernamental injustificada.

‘Bien mayor’
“El bien público mayor es una infraestructura de comunicación segura protegida por una codificación ubicua a nivel del dispositivo, el servidor y la empresa sin incorporar medios para el monitoreo gubernamental”, dijo Apple.

El gobierno ha dicho que no está solicitando una puerta trasera ni sentando un precedente y que solo le preocupa acceder al teléfono de Farook, pero Apple ya se está oponiendo a por lo menos otros ocho intentos de obligar a la empresa a ayudar a los fiscales a abrir dispositivos vinculados a investigaciones. La compañía dice que si cumple con una orden, seguirán otras y es posible que gobiernos extranjeros planteen demandas similares.

La respuesta de Apple a la orden es el primer paso formal de la compañía en un caso que podría estar destinado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 65 páginas, el documento plantea un argumento legal básico: que la justicia ha extralimitado su autoridad obligando a Apple a crear nuevo software y que forzar a una empresa a hacerlo representaría una “carga indebida”. La petición del gobierno viola los derechos constitucionales de Apple en contra de la obligación de expresarse de determinada manera y las actividades empresariales forzadas, sostuvo la empresa.

Sala híper-protegida.
Diseñar el software necesario para desbloquear el teléfono requeriría 10 ingenieros y empleados de empresa durante cuatro semanas, dijo Apple. Dichos ingenieros también deberían utilizar una sala de aislamiento híper-seguro para crear y probar el nuevo sistema operativo arreglado y luego supervisar su utilización por parte del FBI. Luego tendrían que destruirlo, dijo Apple.

“No existe actualmente ningún sistema operativo que pueda realizar lo que quiere el gobierno, y cualquier esfuerzo para crearlo exigiría a Apple escribir código nuevo, no sólo desactivar la funcionalidad del código existente”, según la documentación.

Apple también dijo que Estados Unidos no tiene poder para obligar a la empresa a ayudar al FBI. La decisión del juez en el sentido de que debe proveer “asistencia técnica razonable” se basa en la premisa de una expansión sin precedente de la All Writs Act (ley de todas las órdenes de la corte), una ley de 1789 en la que se apoyaron los fiscales para el dictamen de la semana pasada. La ley obliga a terceros a tomar medidas “no onerosas” para ayudar a las agencias del orden a ejecutar órdenes de registro en circunstancias que no cubre otra legislación y no autoriza a un juez a “reclutar a Apple” para desarrollar software, dijo la compañía.

‘Demasiado peligroso’
“La orden exigida por el gobierno obliga a Apple a crear un nuevo sistema operativo –en la práctica una ‘puerta trasera’ al iPhone- cuyo desarrollo Apple considera demasiado peligroso”, dijo Apple.

Apple también reprendió al FBI por un error en su investigación. Dijo que los agentes cambiaron la contraseña asociada a una de las cuentas del atacante sin consultar a la empresa ni revisar materiales públicos sobre el sistema operativo. Esto impidió que el teléfono guardara todo automáticamente en el iCloud. El gobierno ya accedió a datos en el iCloud, que llegaban hasta más de un mes antes del ataque. Sin ese error probablemente esta disputa no habría surgido, dijo.

Libre expresión.
Está sólidamente establecido que el código informático se halla protegido por el derecho a la libre expresión de la Primera Enmienda, sostuvo Apple. La Empresa dijo que no puede ser obligada en este caso a crear el código ya que eso afectaría su libertad de expresión. Los abogados plantearon luego algunas hipótesis imaginarias como por ejemplo la de obligar a un laboratorio farmacéutico a crear un medicamento utilizado para la inyección letal o que se le diga a un periodista que escriba una noticia falsa para hacer salir de su escondite a un fugitivo.

La perspectiva hipotética de obligar a un laboratorio a fabricar una droga para inyecciones letales fue discutida anteriormente en Brooklyn, Nueva York, donde los fiscales están tratando de acceder al teléfono de un traficante de drogas preso. Se espera una decisión sobre ese caso a la brevedad.

Privacidad frente a Seguridad.
El impase, referido a si Estados Unidos puede exigir a Apple que cree código susceptible de anular una característica de seguridad clave de su sistema operativo iOS, se refiere hasta cierto punto solamente a lo que las agencias del orden pueden exigir a una compañía en su investigación sobre las motivaciones de Farook. La pareja murió en un tiroteo con la policía.

La batalla más amplia enfrenta, empero, al interés público por la privacidad con su interés por la protección contra terroristas y otros delincuentes, y pone de relieve que los avances en la tecnología de consumo, incluida la codificación de la agenda electrónica, puede haber eclipsado las leyes estadounidenses. Poco antes de que se publicara el documento de la compañía, el representante estadounidense republicano por Florida, David Jolly, dijo que “los directivos de Apple corren el riesgo de tener sangre en sus manos” si no cooperan con el FBI y si se determina que la información crítica en el teléfono podría haber evitado un ataque futuro.

“A Tim Cook le resultará difícil explicarlo”, dijo Jolly durante una audiencia en la subcomisión de Asignaciones de la Cámara Baja para analizar el presupuesto del FBI.

El director del FBI, James Comey, dijo a la subcomisión que no es una buena idea, en su opinión, tener “espacios inmunes a órdenes de registro”, como teléfonos y otros dispositivos. Admitió que la decisión del juez en el caso de Apple podría influir en el pensamiento de tribunales que manejan tipos de conflicto sobre codificación.

Comey dice que uno de los misterios que el FBI desearía resolver se refiere a dónde estaban los terroristas 19 minutos después de los ataques. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad en estaciones de servicio y otros comercios minoristas pero no pueden averiguarlo, dijo Comey. La respuesta podría estar en el teléfono del hombre, dijo.

Cook y Apple han reunido un amplio apoyo del sector tecnológico.

Compañías de tecnología como Twitter Inc., Google Inc. y Microsoft Corp. proyectan presentar la semana próxima informes de amicus curiae en apoyo de Apple, como lo hará la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos. Las familias de los fallecidos en el ataque en San Bernardino presentarán informes en apoyo al gobierno, dijo su abogado.