Miami (AP).- Era la cara de su negocio, pero ya casi no aparece en el mostrador. Ahora Maribel Reséndiz corta piñas, papayas y naranjas en el fondo del local, como si quisiera que nadie la viera. Varios clientes entran a comprar jugos exprimidos y es su hija la que se apresura a atenderlos.

Maribel y su esposo, Alberto Reséndiz, la han incluido como socia de la frutería que tienen desde hace cinco años y por si son deportados a México le han transferido también todos los bienes de la familia.

“El temor es que me pare la policía, llame a inmigración y me lleven a México”, asegura Maribel, quien vive ilegalmente en el país desde 1992. “Cualquier emergencia ella es la que responde… cualquier cosa que me pase ella es socia y puede disponer”.

Atemorizados por la política migratoria de Trump, los Reséndiz son parte de un creciente número de inmigrantes sin autorización legal que son dueños de negocios y han optado por transferir sus empresas o propiedades a familiares nacidos en Estados Unidos, frenar sus inversiones o vender sus tiendas.

Se estima que 10% de los 11 millones de extranjeros que viven ilegalmente en el país tienen negocios.

Con sus planes de contingencia buscan volver a las sombras, proteger sus bienes y garantizarles a sus hijos un ingreso en caso de que ellos sean detenidos y repatriados.

Uno de ellos es Mauro Hernández, un mexicano de 44 años, que puso a la venta el negocio de venta de pollos asados que abrió hace seis años en Queens, Nueva York. El local está a nombre de un amigo que vive legalmente en Estados Unidos. Hernández dice que él dirige el negocio, paga los impuestos y a sus diez empleados. Si es deportado, nadie llevará las cuentas y eso perjudicará el historial financiero de su colega.

“Lo que no quiero es que afecte a mi amigo”, asegura Hernández, quien ya fue deportado y regresó hace más de una década. “Desde que ganó Trump he estado muy preocupado”.

Algunos de los empresarios que están tomando estas medidas aseguran que no tienen otra opción.

Bajo Trump, los arrestos de inmigrantes sin autorización ascendieron a 75,000 entre enero y junio, un incremento del 37% con respecto al mismo periodo del 2016. Además, durante los primeros seis meses de este año, las detenciones de inmigrantes sin estatus legal que no cuentan con un historial criminal llegaron a casi 20,000, más del doble que el mismo periodo el año pasado.

“Todo el mundo está tomando precauciones”, expresó el abogado Jorge Rivera. “No quieren que el negocio desaparezca de la noche a la mañana. Quieren mantener sus ingresos” aun estando lejos.

Varios de los empresarios entrevistados por The Associated Press hablaron a condición de no ser identificados, por temor a las autoridades.

Entre ellos está un mexicano de Los Ángeles que llegó en 1995 sin papeles y desde el 2001 tiene dos empresas de publicidad y mercadeo con 50 empleados.

A pesar de facturar unos cinco millones de dólares al año con contratos con hospitales privados y médicos particulares, el hombre de 40 años piensa mudarse a España con sus cuatro hijos estadounidenses y su esposa, que también está ilegalmente en el país. El plan contempla pasar a nombre de su hermana y sobrina estadounidenses las empresas y vender sus cinco automóviles y sus dos casas, en Las Vegas y en Los Ángeles.

Dice que este año ha rechazado renovaciones de contratos equivalentes a US$ 1.5 millón porque no quiere quedarse con negocios pendientes si lo deportan o se va a España y que adquirió dos casas en México porque ya no quiere invertir aquí.

“Nos tratan igual que a un criminal, a todos de la misma manera”, asegura el hombre.

Los Reséndiz fueron afortunados de tener a una hija estadounidense que se hiciera cargo de la frutería en Florida City, una pequeña localidad al sur de Miami donde vive una numerosa comunidad de trabajadores agrícolas.

Apenas Trump fue elegido presidente, le pidieron a un contador que incluyera como socia a Diana, la mayor de sus cinco hijos estadounidenses, y le transfiriera tres cuentas bancarias, cuatro automóviles y el camión de compras del negocio que tienen hace cinco años.

Diana, de 24 años, se levanta ahora a las tres de la madrugada para manejar unos 60 kilómetros hasta el mercado mayorista, una tarea que sus padres ya no quieren hacer por temor a que los detengan.

Los inmigrantes sin estatus legal pueden solicitar un número de identificación de contribuyente de impuestos y con el abrir una cuenta bancaria, pedir financiamiento hipotecario, comprar bienes raíces o inscribir una corporación.

Sus negocios van desde servicios de limpieza ofrecidos por personas individuales hasta restaurantes y agencias publicitarias que emplean a decenas de personas, aunque no existen estadísticas oficiales sobre esta parte de la economía. Según el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes sin estatus legal contribuyen con más de 11.700 millones de dólares en impuestos estatales y locales al año.

Ese razonamiento, sin embargo, no convence a activistas que están en favor de un mayor control de la inmigración.

“Están tratando de mantener sus ganancias ilícitas y el gobierno estadounidense no debería permitir que inmigrante ilegales tengan propiedades o empresas ni que las transfieran”, dice William Gheen, presidente de Americans for Legal Immigration, un grupo cuya sede está en Carolina del Norte. “Bajo las leyes estadounidenses, justicia significa deportación de los inmigrantes ilegales”.

Pero otros, como Daniel Costa, del Economic Policy Institute, piensan que no es justo que regresen a las sombras.

“Es algo terrible para la economía”, considera, destacando que un 5% de la fuerza laboral estadounidense corresponde a inmigrantes no autorizados. “Si quieren que su negocio sobreviva van a tener que hacer un plan”.

Portavoces del Departamento de Seguridad Interna dijeron a la AP que su objetivo es deportar a delincuentes, pero aclararon que no harán excepciones con ciertas “clases o categorías” de extranjeros que viven en el país ilegalmente. No indicaron cuáles eran esas categorías.

La deportación también desvela a los peruanos Carmen y Jorge Tume, que tienen un lavadero móvil de carros desde 2004. Por años recorrieron el sur de la Florida con su camioneta cargada con una máquina de presión de agua, un generador y varios tanques de agua y productos de limpieza.

Atendían a más de 200 clientes semanales que representaban unos 1,600 dólares de ingresos, y contrataban a dos empleados, pero con Trump se sienten inseguros de manejar sin licencia y rechazan clientes que están a más de 30 kilómetros de su casa. Ahora sólo tienen 60 clientes a la semana y sus ingresos bajaron a 600 dólares.

“Ya no nos queda ninguna esperanza”, dice Carmen, de 50 años. “Todo lo que habíamos construido se está desmoronando”.

Para Maribel Reséndiz, la mexicana de 42 años que tras cruzar la frontera trabajó recogiendo tomates, los cambios representan la pérdida de su identidad como propietaria de un negocio que le permite vivir sin pedir asistencia pública.

“Yo no dependo del gobierno. Tengo seguro médico para mis hijos, para mí, para mi esposo. Yo pago todo, mis taxes (impuestos), del negocio y personales”, expresa. “No vivo del gobierno ni le pido nada”.

Maribel asegura que nunca antes sintió la necesidad de convertirse en residente legal, hasta la llegada de Trump. En noviembre, amparada por su hija estadounidense Diana, solicitó la residencia legal. Ahora espera nerviosa una respuesta que aún no ha llegado. Recuerda que hace más de dos décadas dejaron su país y desde entonces forjó toda su vida aquí.

“Tengo mi sueño hecho realidad porque tengo mi propio negocio”, asegura. “Ahora ya no tengo nada a nombre mío”.