El Gobierno ha puesto en la mira a quienes financian la minería ilegal y no en la gente que trabaja en en las zonas donde se realiza esta actividad, aseguró el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería de la PCM, Daniel Urresti.

El funcionario señaló que las personas que dirigen la minería ilegal tienen la capacidad de invertir entre US$ 4 millones a US$ 5 millones en la compra de maquinaria y otros insumos para esta ilícita actividad.

“Vamos a atacarlos puntualmente en los sitios donde están porque tenemos información exacta, y la idea es golpearlos en los bolsillos a través de la voladura de sus motores”, dijo en el programa Rumbo Minero.

Precisó que a la fecha se ha interdictado 13 plantas ilegales que servían para lavar el mineral, logrando que el mercado negro del oro se caiga.

Además, se han inmovilizado casi dos toneladas de oro ilegal, se logró llevar a juicio a cuatro empresas y están investigando a 37 más.

Urresti explicó que las interdicciones no están dirigidas a los mineros que están en proceso de formalización, porque eso lo impide la norma.