Bloomberg.- Si Donald Trump pretende cumplir su promesa de campaña de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, entidades de educación superior como la Universidad de Pensilvania -su alma mater- podrían interponerse en sus planes.
Penn, como se conoce la universidad, es una de más de una docena de universidades desde Massachusetts hasta California que se han declarado santuarios, es decir, que no permitirán que las autoridades federales de inmigración ingresen a los campus sin una orden judicial.
La postura ha frustrado a algunos republicanos, que cuentan con un arma poderosa para obligar a las universidades a cumplir la ley federal: dinero.
En el Congreso y las cámaras legislativas de los estados del país, los legisladores están impulsando proyectos de ley que aspiran a frenar el financiamiento gubernamental de las universidades santuario.
Cien de las principales universidades del país podrían perder hasta un 25% de sus ingresos anuales si se rehúsan a ayudar a los agentes migratorios después de la promulgación de estos proyectos de ley.
En unos cuantos estados emblemáticos, el financiamiento directo de los contribuyentes aporta más del 70% de los ingresos anuales.
Las universidades reciben significativos subsidios de los contribuyentes. El financiamiento del gobierno local, las asignaciones estatales, los subsidios y créditos estudiantiles federales, y el dinero federal para investigación canalizaron al menos US$ 55,000 millones a las 100 escuelas que Bloomberg analizó durante el año fiscal y académico 2013-2014, el periodo más reciente para el que hay disponibles datos completos.
Las escuelas probablemente se beneficiaron aún más del dinero gubernamental; esas cifras no incluyen exenciones tributarias a las propiedades y a grandes donaciones.
“Es una situación muy simple. Todo lo que tienen que hacer es cumplir con la ley federal”, dijo Jerry Knowles, representante estatal republicano en Pennsylvania, quien respalda uno de los proyectos de ley.
A Knowles no le “preocupa en lo más mínimo” el potencial impacto financiero que su propuesta podría tener en Penn y otras entidades de educación superior en su estado.
Su propuesta tiene cerca de 30 copatrocinadores, casi un tercio de los partidarios que necesita para ser aprobada en la Cámara baja de Pennsylvania.
La mitad de las 100 escuelas son privadas, como Penn, y reciben en conjunto cerca de US$ 19,000 millones en fondos de los contribuyentes.
Para algunas entidades privadas, el apoyo público indirecto a través de exenciones tributarias equivale casi al financiamiento público directo.
La Universidad de Stanford, por ejemplo, puede eximirse del pago de impuestos a su propiedad de casi US$ 8,000 millones en el condado de Santa Clara, California, y a la donación de US$ 22,400 millones que recibe.
Pero Trump no puede hacerlo solo y los senadores demócratas podrían bloquear los esfuerzos de los congresistas republicanos de negar fondos federales a entidades de educación superior que dijeron que no cooperarán con las autoridades migratorias.
Ese no es el caso en la mitad de los estados de la nación, en los cuales los republicanos controlan el gobierno y ambas cámaras legislativas. En contraste, los demócratas tienen el control total en solo siete estados.
Los legisladores estatales podrían tener una “enorme influencia” en las entidades públicas de educación superior, indicó Mark Schneider, extitular de educación federal quien ahora es vicepresidente del Instituto Estadounidense para la Investigación.
Por ejemplo, en enero, la Universidad del Estado de Nuevo México mencionó el temor a perder el financiamiento público como su razón para no convertirse en un campus santuario.
Para todo el alboroto que se ha producido, las declaraciones de las universidades de que darán refugio a estudiantes indocumentados son más que nada gestos, dijo Matthew Hartley, profesor de educación y decano asociado de la Escuela de Educación de Pregrado de la Penn.
Las entidades de educación superior simplemente están diciendo que exigirán órdenes judiciales a los agentes de inmigración, dijo; sin una orden, las leyes federales de privacidad les impiden compartir detalles sobre sus estudiantes.
“Me resisto a creer que la legislatura estatal le quitará el financiamiento por una declaración mayoritariamente simbólica”, señaló Hartley.
